A seis meses desde que el campo ‘Los Aromos’, ubicado en Lautaro, fuera usurpado y sus propietarios debieran abandonar esa comuna de La Araucanía en medio de amenazas de que sería quemado, la familia afectada sostiene que ‘no hemos tenido ningún apoyo del Estado’, según informó El Mercurio.
Juan Pablo Bahamonde, uno de los copropietarios, aseguró a ‘El Mercurio’ que ‘cuando empecé a hacer los trámites para que el campo dejara de pagar contribuciones, me enteré de que no estamos catalogados como víctimas de la violencia rural’. Afirmó que ‘las únicas familias que tienen esa condiciones son aquellas a las que les quemaron sus propiedades’. Bahamonde recalcó que ‘ninguna de las usurpaciones ha sido catalogada como violencia y esto me lo han confirmado las propias autoridades’.
El diputado RN por La Araucanía, Miguel Mellado, confirmó que ‘el programa de reparación a víctimas’ del Gobierno no considera a las usurpaciones dentro de quienes deben recibir apoyo del Estado.
A modo de ejemplo, el parlamentario recordó el caso de la agricultora de Victoria Roxana Carrut, quien ‘tiene el campo de su familia usurpado hace un par de años, hizo una huelga de hambre para denunciar la situación, y pese a todo el predio salió a remate por no pago de contribuciones a la Tesorería General de la República’. Aunque ese dictamen se encuentra suspendido, la deuda se mantiene.
Mellado dijo que, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso el 30 de septiembre, pedirá hacer una nueva redacción para la glosa que prohíbe al Estado comprar terrenos perturbados por comunidades mapuches violentas. ‘Este tema tiene que ser revisado, porque hay muchos agricultores pequeños que han tenido que dejar botados sus predios por las constantes amenazas, siguen pagando impuestos, no pueden trabajar la tierra y tampoco pueden vender’, recalcó Mellado.
Alternativa
El parlamentario sostuvo que su propuesta considera que ‘hay que modificar el texto no para que las tierras sean compradas para entregárselos a las comunidades violentas, pero sí para que puedan ser adquiridos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para ser traspasadas a otras comunidades que cumplen con los requisitos y no hayan realizado acciones de fuerza para plantear sus demandas’.
También recordó que durante el primer semestre, en el sur del país, hubo 165 usurpaciones, según cifras entregadas por la Unidad de Coordinación de la macrozona sur. De ellas, enfatizó Mellado, ‘todavía hay casos recientes que no han logrado ser desalojados y otros, emblemáticos, que por años se han mantenido en esa condición’.