El pasado jueves 14 de abril se votaba en el Pleno de la Convención Constitucional el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, en el que se incorporaba el artículo 36, que contempla la creación de la Agencia Nacional del Agua.
Finalmente, el informe completo fue rechazado con 55 votos a favor, 20 en contra y 65 abstenciones, y deberá volver a la comisión, la que entregará un informe de reemplazo.
Por otro lado, esta semana fue aprobado en el Pleno el artículo que declara al agua y el aire como “bienes inapropiables”.
En El Agro conversamos con Daniela Rivera, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y Directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC.
Agencia Nacional del Agua
“Es muy oportuno que esta comisión esté abordando el problema del agua, para producir medidas y acciones concretas para mejorar esta grave falencia. Teniendo claro eso, precisamos que el desarrollo de las competencias y del estatuto orgánico de una Agencia Nacional de Aguas, debiera entregarse a la ley”, explica Rivera.
Y agrega que “si la dotamos de un carácter de un órgano constitucionalmente autónomo, eso implica que la constitución debiera preocuparse de establecer rigurosamente las competencias de esta entidad y cómo se estructura, y eso rigidiza la estructura y las funciones de este organismo, y sabemos que en temas de agua, un elemento esencialmente variable, nos parece más adecuado que un órgano de esta envergadura, sea mas bien creado a nivel legal, donde puede tener un espacio de mayor flexibilidad, para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes”.
Instituciones del agua
Para Rivera, una de las principales preocupaciones tiene relación con tener una nueva institución que aporte a la gestión del agua y no se sume a todas las otras entidades existentes. “Tenemos claro el diagnóstico, pero lo difícil ha sido generar los consensos y llevar las medidas a cabo. No se trata de crear un nuevo organismo que se venga a sumar al ya abultado panorama institucional, sino que venga a articular a los existentes”.
Principales desafíos
Según la abogada experta en temas de gestión de agua, el primer desafío para esta nueva institución tiene relación con la “generación de un Sistema Nacional de Información de Aguas, del cual hoy día carecemos, que sea de simple y libre acceso y donde esté toda la información relativa a fuentes hídricas”.
Sumado a esto, Rivera indica que “me parece que un desafío fundamental es la existencia de un Plan Nacional de Aguas. Chile no tiene este instrumento rector que es el eje vertebral, que es un Plan Hidrológico Nacional, que considere muy bien las particularidades de cada cuenca hidrográfica, y esta autoridad, la Agencia Nacional del Agua, debiera ser la entidad que se encargue y verificar que se cumpla”.
Composición de la entidad
La experta, además, se refirió a cómo debiera estar compuesta esta Agencia Nacional del Agua. Rivera señaló que “nos parece que esta entidad debiera ser más bien un órgano de carácter colegiado, compuesta por un numero determinado de miembros, idealmente de carácter interdisciplinario”.
De la misma forma, indicó que para complementar la propuesta original de la Comisión de Sistemas de Justicia, “para cuidar la autonomía no solamente hay que poner atención en los mecanismos de designación, sino que también en la forma de remoción de esos miembros, que permita mantener a estas autoridades lo más alejado posible de injerencias políticas”.
Agua como bien inapropiable
Según explica la abogada, “hoy ningún particular se puede apropiar directamente ni del aire ni del agua, pero al parecer a la Comisión de Medio Ambiente no le satisface esta categoría jurídica y estarían optando por la de bienes naturales comunes, y ahí el grave problema es que la definición de esa categoría no fue aprobada por el Pleno, por lo tanto está aprobado que las aguas y otros son bienes comunes naturales, pero el concepto de esa categoría no está desarrollado”.
Finalmente, señaló que la “definición de inapropiable no me parece problemática especialmente. Creo que el principal problema que podría afectar a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua son más bien las normas asociadas a las autorizaciones del uso de agua, porque ahí se estaría cambiando el estatuto que hoy nosotros conocemos bao la fórmula de concesión”.
Y agregó que “veo dificultades importantes y una precarización no solo de los títulos existentes sino de todas las actividades que dependen del agua como consumo básico”.