El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue hallado “responsable” de ejecuciones extrajudiciales en 2003 en Bolivia, por un tribunal de Estados Unidos que lo condenó a indemnizar por 10 millones de dólares a familiares de ocho aymaras fallecidos.
Los diez miembros del jurado llegaron a esta conclusión en su sexto día de deliberaciones en el proceso contra Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, que comenzó el 5 de marzo en un tribunal federal en Fort Lauderdale, sur de Florida.
Los disturbios de septiembre y octubre de 2003, en un episodio conocido como “la guerra del gas”, forzaron la huida del presidente y facilitaron el ascenso al poder en 2006 del aymara Evo Morales, entonces un líder cocalero.