La decisión de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) de entregar asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, generó divisiones al interior de la Corte Suprema.
La información aparece hoy en El Mercurio, que consigna que el viernes, el vocero (s) del máximo tribunal, Guillermo Silva, declaró en un comunicado que “aceptamos la autonomía e independencia del Estado de Francia para esta decisión”.
Ayer, en todo caso, aclaró que sus afirmaciones, si bien eran en su calidad de portavoz (s), habían sido a título personal, luego que desde Chile Vamos las calificaran de “inaceptables” y “tibias”.
Sin embargo, el ministro Carlos Aránguiz, advirtió que su posición personal -y la de otros colegas con los que ha conversado- es absolutamente contraria a lo manifestado por el ministro Silva.
“El otorgamiento de asilo político a un condenado por la justicia chilena actualmente prófugo -y aunque ello se busque atenuar con que el expediente correspondería a la decisión de un ente administrativo autónomo- implica no solo un desaire inaceptable de una decisión autónoma de un Poder Judicial inmerso en un Estado democrático, sino que una muy mala señal internacional respecto de la colaboración mundial contra el terrorismo”, declaró Aránguiz al diario.
En tanto, el ministro Arturo Prado señaló que “respecto de este tema, en particular, no se había convocado al pleno de la Corte Suprema”, y “Chile tiene un Estado de Derecho que asegura la debida y cabal protección de los derechos de cualquier imputado o condenado ante la comunidad internacional”.
Agregó que “en esto no hay dos interpretaciones. Así como reconocemos y respetamos la soberanía del Estado francés, debemos ser firmes y categóricos en defender con energía el normal funcionamiento de nuestras instituciones. Nadie debe sentir temor por comparecer y someterse a tribunales profesionales, libres e independientes”.
Palma Salamanca está condenado en Chile a dos penas de presidio perpetuo. Una, como autor material del delito de atentado terrorista con resultado de muerte por el asesinato de Guzmán; la otra, como coautor de asociación ilícita terrorista y secuestro en el caso de Cristián Edwards. Y la Corte Suprema visó en febrero la solicitud de extradición en su contra.