En marzo pasado, el Gobierno de Venezuela cerró las fronteras y ordenó un confinamiento restrictivo. Sin embargo, la detección de casos y el acceso a la salud complica la capacidad de control sobre la pandemia en el país sudamericano.
Según los datos que entregan las autoridades locales, Venezuela reporta más de 33 mil casos oficiales y menos de 300 muertes. Las cifras han sido cuestionadas desde la oposición liderada por Juan Guaidó.
El Gobierno de Nicolás Maduro prohibió realizar pruebas a los laboratorios privados y a las universidades. Hasta fines de julio, solo el Instituto Nacional de Higiene en Caracas estaba autorizado a realizar testeos según señaló el diario El País.
A comienzo de mes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que su país había realizado un millón y medio de pruebas. Sin embargo, la mayoría de ellos no son PCR.
En mayo pasado, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivano declaró que “las cifras, las estadísticas que proporciona el Gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas”.
Además, el acceso al agua potable en Venezuela tampoco es total. Por lo mismo, existe dificultad para desarrollar las acciones básicas de higiene, como el lavado de manos recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Una encuesta realizada en 2019 por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reportó que solo un 23% de los hogares de las principales ciudades tiene acceso permanente de agua potable.
“Hoy ocurre lo que dijo nuestra Academia de Ciencias y Matemáticas hace más de cuatro meses. A pesar de la manipulación del sub-registro del 60%, de cómo Nicolás Maduro manipula las cifras de fallecidos y de casos, hoy estalla una verdad que dijera la academia hace cuatro meses, y la respuesta fue persecución, cárcel y amenaza para la ciencia y los académicos”, destacó el médico y diputado Manuel Olivares.