Este martes se vivió un tenso momento en el marco de las prolongadas elecciones presidenciales en Perú, las cuales pese al paso de los días se sigue sin tener un ganador, eso sí, con el candidato de izquierda Pedro Castilo superando a Keiko Fujimori.
En ese contexto el congresista electo, Jorge Montoya, llamó a que en Perú se “nuevas elecciones con auditores internacionales durante todo el proceso”, lo que provocó que e caigan acusaciones por sedición.
El almirante retirado de la Marina de Guerra, publicó en su cuenta de Twitter que el sistema electoral de su país, “ha sido vulnerado por dentro”.
Pese a la solicitud del político, en Perú no se habilita la anulación de elecciones a no ser que los votos nulos o en blanco superen los dos tercios del número de votos válidos”.
En ese contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) descartó que existan las “graves irregularidades” que se han denunciado en las elecciones.
Montoya agregó a sus polémicas declaraciones que los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “deben renunciar a sus cargos y asumir sus responsabilidades”.
Por su parte, Fujimori acusó que desde la semana pasada ha sido víctima de “fraude de mesa”, presentando junto a sus asociados cientos de pedidos de anulación de actas.
Actualmente, según la ONPE Castillo lidera con 44.816 votos a la ex primera dama, esto con el 99,985% de las actas procesadas.
Para continuar con el porcentaje restante, se debe esperar a que se revisen todas los pedidos de nulidad de actas que han sido presentados e impuestos, en su mayoría por Fujimori.
Montoya además declaró que se debe “anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”.
Tras esto último, desde el diario La República, se le acusó al congresista de “actos de sedición”. Esto debido a que “desconocer el resultado de una elección está expresamente prohibido en la Constitución y sancionado en el Código Penal”.
En ese sentido, el medio enfatizó que “La Carta Magna señala que el poder emana del pueblo. Aquel que se atribuye esa autoridad fuera de la ley comete rebelión y sedición, que se sancionan con hasta 20 años de cárcel”.
Al respecto Montoya acusó al diario de que “distorsionar la opinión pública”, y que “aún existe la libertad de expresión, la misma que ese medio denigra con sus amenazas para callarnos pero la cobardía sale a la luz”.