El fiscal nacional Jorge Abbott expresó su satisfacción por el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que revocó el sobreseimiento definitivo de los ocho imputados por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista en el marco de la “Operación Huracán”.
“Se ha dado la razón a las alegaciones del Ministerio Público en el sentido que no procedía el sobreseer definitivamente la investigación, puesto que no se daba ninguna de las hipótesis que la ley establece para ello. En consecuencia, la causa ha quedado en no perseverar y eventualmente podría reabrirse si es que existen antecedentes nuevos que se aporten a la investigación”, dijo.
Además, Abbott afirmó que las situaciones vinculadas a la indagatoria en ningún caso rompen las relaciones institucionales entre la Fiscalía de Chile con Carabineros.
“La verdad es que nunca han existido malas relaciones con las policías. El tema es que hay algunas situaciones que son irregulares, que pueden ser constitutivas de delitos y que han significado la apertura de investigaciones, en las que aparecen como imputados personas pertenecientes a Carabineros y civiles”, aseveró.
Según Abbott, no se trata de malas relaciones, sino de cierta información entregada al Ministerio Público la cual es investigada para determinar si es verídica o no.
“Lo que motiva la investigación es haber incorporado en los teléfonos de los imputados en la Operación Huracán, información que no estaba al momento de ser detenidos. Esos son los hechos básicos investigados que constituyen, en el evento de ser efectivos, una gravísima vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Ese es el núcleo del problema, no tiene que ver con la relación del Ministerio Público con la policía”, destacó Abbott.
Asimismo, el fiscal nacional llamó a la ciudadanía a tener tranquilidad en que los procesos investigativos van a desarrollarse estrictamente ligados a la normativa vigente.
“Lo que ha hecho el Ministerio Público es reaccionar de la forma en que debe hacerlo cualquier fiscal cuando tenga dudas respecto de la información que se le entrega para ser llevada ante los tribunales. Se ha obedecido a la obligación de ser custodio del cumplimiento de la ley, del cumplimiento del estado de derecho y las normas del debido proceso”, expresó Abbott.
“Esto no sólo atañe a los casos de violencia rural sino a cualquier procedimiento. No es posible que se realicen actos de esa naturaleza ya que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos”, concluyó Abbott.