Por quinta vez fue suspendida la preparación de juicio oral del caso Caval, pero esta vez no fue por formalidades, sino que por un tema de fondo: las defensas de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos pidieron al Juzgado de Garantía de Rancagua la inhabilitación de los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya.
Ayer, los representantes de ambos presentaron, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, dos querellas en contra de la Fiscalía Regional de O’Higgins por las supuestas extorsiones en el marco del caso Caval. El abogado Carlos Fierro, defensor del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, explicó que las acciones buscan inhabilitar a los Arias y Moya.
La querella de la nuera de la mandataria, presentada por su abogado Tomás Martínez, es por “amenazas condicionales” y está dirigida contra el fiscal Sergio Moya y “de todos quienes hayan tenido participación en los hechos denunciados”.
Compagnon afirma que el fiscal jefe de Rancagua le ofreció no formalizar a su esposo el próximo 28 de marzo, a cambio de que ella se declare culpable y acepte ir a juicio abreviado, lo que finalmente la socia de Caval rechazó y denunció al tribunal.
Según el escrito, “se le intentó interponer una condición ilegítima asociada a la amenaza”, durante las conversaciones en torno a salidas alternativas.
La querella de Dávalos es por violación de secreto y fue interpuesta por Fierro contra quienes resulten responsables de dar a conocer públicamente información reservada de la investigación sobre su cliente.
Tras recibir la solicitud de inhabilitación, el juez Luis Barría reprogramó el inicio de la preparación del juicio oral para el 9 de abril próximo, al que sólo llegarán como acusados Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Mauricio Valero. El cuarto acusado, el síndico Herman Chadwick, logró un juicio abreviado, a pesar de la oposición del Consejo de Defensa del Estado (cde).
El juicio abreviado lo propuso la Fiscalía Regional de O’Higgins sólo por delitos tributarios. En cambio, el CDE se querelló contra Chadwick por soborno, pero el juez Barría rechazó los argumentos del CDE y accedió al juicio abreviado por delitos tributarios.
La fiscalía pidió para Chadwick una pena de 8 años de inhabilitación para ejercer funciones como síndico de quiebra, casi $200 millones en multas, y 3 años y un día de pena remitida por infracción a la Ley de Quiebra, además de 161 días por delitos tributarios. La sentencia se conocerá el próximo martes, pero es seguro que el CDE recurrirá a la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Además, en la misma audiencia, el fiscal Moya propuso la suspensión condicional del procedimiento por un año para Mauricio Valero y la sociedad Caval, pero sólo en la arista Sydex, esto es, por el soborno de $32 millones al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, para favorecer a esa empresa de informática en las licitaciones de los hospitales de Maipú, San Borja y ex Posta Central.
El fiscal Moya expuso que las condiciones para Valero son el pago de 5 millones en beneficio de una institución de beneficencia de niños Down de Rancagua, firma mensual en la fiscalía por el plazo de la suspensión, fijar domiclio, no cometer delitos en el mismo periodo e iniciar los trámites legales para disolver la sociedad Caval.
Esta última y única condición se le exige a la sociedad Caval para la suspensión del procedimiento, a lo cual ya están de acuerdo la fiscalía y los abogados defensores, lo que deberá ser ratificado en el transcurso de la audiencia, junto con el desarrollo del juicio abreviado a Chadwick.
El juez accedió a la suspensión condicional para Valero y la sociedad Caval, pero nuevamente el Consejo de Defensa del Estado se opuso y recurrirá a la Corte de Apelaciones de Rancagua.