El fiscal nacional Jorge Abbott dio por superada la tensión institucional con Carabineros, producto de la “Operación Huracán, al entregar hoy su tercera cuenta pública en una ceremonia que contó con la presencia del Presidente Sebastián Piñera y de las máximas autoridades país.
Sin embargo, insistió que ante todo “la objetividad en las decisiones de persecución y la autonomía de la fiscalía son esenciales para que la acción penal tenga éxito”.
“El Ministerio Público ha dado muestra de ello, investigando con celo a miembros de un órgano colaborador de la Fiscalía, quienes parecen no haber entendido que carece de toda legitimidad la persecución penal a cualquier precio, propia de otra época felizmente superada”, indicó.
En su discurso, también hizo un llamado al Poder Judicial a valorar la prueba indiciaria en los casos de violencia rural.
“La evidencia directa es cada vez más compleja y difícil de lograr. Por lo que creemos necesario debatir con la judicatura cómo incorporar en el proceso penal su análisis y valoración de la prueba indiciaria, yendo más allá de los actos de mera constatación, que no se condicen con el valor agregado que pueden aportar a la resolución de los asunto penales atendida la gran la calidad y profesionalismo de nuestros jueces”, advirtió Abbott.
Además, Abbott manifestó su preocupación por el aumento de la medida cautelar de prisión preventiva y reconoció que el sistema penal en su conjunto debe abordar esta tendencia.
“Como litigantes, solemos tener pretensiones altas a la hora de solicitar medidas cautelares, pero debemos procurar que nuestras solicitudes –o las más intensas, al menos– mantengan una línea prudencial. En tal sentido, el Ministerio Público reafirma su disposición para cooperar con la evaluación técnica de los cambios legales requeridos, recogiendo las legítimas expectativas de la sociedad, respecto del resguardo y la seguridad a la que aspiran ante delitos que pudieran cometer personas que están siendo objeto de investigación”, aseveró Abbott.
Asimismo, propuso analizar la utilización del control telemático entre las medidas cautelares, establecer una agravante especial si un imputado comete delitos durante la etapa de investigación, o fijar cautelares reales que importen la pérdida de un bien o de una suma importante.
También manifestó su preocupación por diversos episodios de violencia ejercidos en contra de fiscales y funcionarios en los últimos meses, por lo que solicitó la urgente necesidad de avanzar en el proyecto de ley sobre Seguridad de Fiscales y Funcionarios.
En la parte netamente estadística, mencionó que en 2017, la Fiscalía tramitó 1.323.324 delitos, siendo los robos no violentos, los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, las lesiones y los hurtos las categorías de ilícitos que concentran la mayor cantidad de casos denunciados.
Respecto de los delitos de mayor impacto social, los robos violentos subieron levemente un 2,7%, las infracciones a la Ley de Drogas un 1,1% y los delitos cometidos en contexto de Violencia Intrafamiliar, un 2,2%. Mientras que los delitos sexuales experimentaron un importante aumento del 9%.
Los delitos de investigación compleja también presentaron importantes variaciones. Mientras los ilícitos económicos y tributarios bajaron un 4,8%, los de corrupción aumentaron en un 6,7% Estos últimos representan el 0,2% del total de casos y su complejidad se ve reflejada en el tiempo promedio de tramitación que, en el caso de salidas no judiciales, fue de 376 días y, en el caso de las salidas judiciales, fue de 705 días, el más alto de todas las categorías.
Finalmente, el Fiscal Nacional reiteró la necesidad de hacer cambios legislativos a los delitos de corrupción. “No podemos obviar un asunto evidente, relacionado con el desafío del legislador de actualizar el marco normativo en materia de penas y estándar probatorio, de modo de contar con leyes que sean reales elementos disuasivos para quienes cometen, han cometido o buscan incurrir en este tipo de actos”, afirmó.