La Cámara de Diputados aprobó hoy un oficio de fiscalización en el que se pide al Presidente de la República que explique a la Corporación la situación de más de 1.000 funcionarios y funcionarias a contrata, honorarios y/o sujetos a metas, despedidos en diversos servicios públicos o que se hayan visto forzados a renunciar a sus puestos laborales.
Al respecto, el jefe de la bancada DC, Matías Walker, señaló que esta “es una acción coordinada con la directiva nacional de la ANEF, con quienes estuvimos conversando respecto de la situación de más de 1.000 funcionarios públicos que han sido desvinculados en distintas situaciones; muchos de ellos están a contrata, beneficiándose, además, por el fallo de la Corte Suprema que les da derecho incluso a renovación de contratos de manera indefinida”
“Pero, aun así -recalcó- han sido exonerados de sus cargos; trabajadores a honorarios, trabajadores con fuero, ya sea trabajadoras con fuero maternal y trabajadoras y trabajadores con fuero sindical, que han sido desvinculados, trabajadores del sector público que les faltaban 2 o 3 meses para jubilar y una serie de situaciones que son absolutamente irregulares”.
“Quiero recordar que el Presidente de la República, en pleno periodo electoral, dijo que los funcionarios públicos tenían que estar tranquilos, que solo los operadores políticos, los que él denominaba operadores políticos, iban a ser desvinculados”, añadió.
Sin embargo, destacó, el Primer Mandatario “no ha respetado el compromiso que asumió públicamente y por escrito ante los funcionarios públicos del país.”
Por su parte, el jefe de la Bancada PS, Manuel Monsalve, sostuvo que “todos los gobiernos deben respetar y dar dignidad a la función pública. Y hoy existen mil trabajadores que se desempeñan como funcionarios públicos, que durante los tres primeros meses del gobierno del Presidente Piñera han sido despedidos. Al respecto, tenemos la convicción que tanto los términos de contrato, como las nuevas contrataciones del actual gobierno, no se han respetado las normas legales vigentes”.
Respecto de las nuevas contrataciones, el legislador PS afirmó: “seamos francos, si todos sabemos lo que pasa. Aquí existe una pugna entre RN y la UDI para finalmente lograr que sus partidarios entren a la administración pública. Resulta que para ingresar también se han saltado normas legales. Por ejemplo, el Servicio Civil en Chile obliga, en muchos casos, tanto las contrataciones por el estatuto administrativo, como por el Código del Trabajo, a hacer procesos de selección y aquí no se ha hecho ninguno proceso de concurso”.
A su vez, el jefe de la Bancada PPD-PRO, Ricardo Celis, sostuvo que “aquí hay una señal de la oposición en respaldo de los funcionarios públicos, que tuvo un apoyo y una votación contundente en la Sala de la Cámara, donde le decimos al Presidente Piñera que hay que respetar a estos trabajadores como fue el compromiso que hizo en campaña”.