El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y el director nacional del INJUV, Mirko Salfate, sostuvieron un conversatorio con más de 50 jóvenes de diversas universidades e institutos de formación técnica para analizar el nuevo Contrato Especial para Jóvenes Estudiantes y responder consultas.
En la instancia, donde se abordó dicho proyecto de ley que ya se encuentra en segundo trámite constitucional, el secretario de Estado explicó los beneficios del proyecto, señalando que “este contrato lo que hace es proteger al joven estudiante. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta que Chile y la sociedad están cambiando, al igual que el mercado laboral, pero nunca olvidar que el trabajo debe ser protegido y formal”.
“Hoy el 40% de los jóvenes estudia y trabaja informalmente sin contrato, sin ninguna protección. Este proyecto de ley fomenta el trabajo formal y de calidad, donde se respetan todos los derechos laborales de los jóvenes manteniendo todos los beneficios estudiantiles mientras trabaja. Hoy, lamentablemente, pierde esos derechos y esta iniciativa le permite seguir siendo carga del plan de salud si así lo desea, algo que hoy no ocurre”, agregó Monckeberg.
En esta línea, el ministro añadió que “hoy un joven estudiante que quiere trabajar tiene que faltar a clases o trabajar sin contrato y en estos casos este nuevo contrato viene a corregir eso para compatibilizar y organizar su horario de trabajo en función de sus horas de estudio. Queremos que el joven trabaje si así lo quiere o lo necesita, pero protegido y con dignidad”.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo propone crear un Contrato Especial para Jóvenes Estudiantes, que permitirá que más de 18 mil jóvenes accedan a este nuevo tipo de contrato.
Dentro de los principales ejes del proyecto se encuentra que los jóvenes estudiantes no perderán los beneficios sociales destinados a financiar sus estudios de educación superior a pesar de las rentas percibidas. Además, podrán no cotizar en el sistema de salud y así mantener su condición de carga familiar.
Por otro lado, les entrega flexibilidad para organizar su jornada laboral, la que no podrá exceder las 30 horas semanales de trabajo con un máximo de 10 horas diarias y, en caso de acuerdo mutuo, pueden acordar trabajar los días domingos y festivos.