La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, junto a sus pares René Saffirio (IND) y Miguel Mellado (RN), presentó un proyecto de ley que profundiza el principio de probidad en la administración pública, proponiendo que los funcionarios y autoridades deben abstenerse de resolver la aprobación y/o distribución de recursos cuando los beneficiarios sean organismos en el que intervienen o participan familiares.
“Actualmente, la Ley General de Bases establece en su artículo 62, las conductas que contravienen el principio de probidad, advirtiendo que los funcionarios y autoridades no pueden intervenir en temas en que se tenga interés personal y los obliga a abstenerse de participar de decisiones que le reste imparcialidad”, explicó Parra.
La parlamentaria indicó que “sin embargo, la norma no es del todo precisa, prueba de ello es que la Contraloría ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades sobre la materia”.
En se sentido, el caso más reciente involucra a un ex subsecretario de Desarrollo Regional, quien en función de su cargo aprobó; proyectos que beneficiaban a la comuna de Vicuña, en donde su cuñado era el alcalde. La Contraloría dictaminó; que la ex autoridad de gobierno debía abstenerse de participar del proceso de aprobación y asignación de recursos.
“Este claro conflicto de interés no solo debería afectar a un subsecretario. En la misma situación están otros funcionarios y autoridades que tienen dentro de sus funciones aprobar y distribuir fondos públicos. Es el caso de jefes de servicio, intendentes, consejeros regionales y concejales, entre otros”, manifestó la legisladora.
Andrea Parra sostuvo que “lo que queremos hacer es correr el cerco en materia de probidad y transparencia, y disminuir las zonas grises donde la corrupción y el interés particular se alojan en desmedro del bien común. Buscamos profundizar el principio de probidad y precisar los actos que lo ponen en riesgo, por lo tanto, con esto incentivamos a que el Estado goce de una mayor transparencia”.