Un balance solicitado a través de la Ley de Transparencia, las firmas concesionarias de ocho recintos penitenciarios que fueron operadas por empresas privadas desde 2009, durante el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, han pagado multas por un monto que asciende a $ 2.338.740.094.
De acuerdo a información de La Tercera, las firmas concesionarias de los penales emplazados en Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Santiago 1, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, pagaron el monto en el período entre 2009 y 2017.
Los recintos cuentan con 17.341 plazas, de un total de 48.838 que existen en el sistema penitenciario nacional.
La información develó que el Grupo 3 formado por las cárceles de Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, posee la más alta población del sistema concesionado (5.906 internos) y presenta las mayores sanciones, con $ 1.133.856.780.
Detallan que los centros han registrado la mayor proporción de incumplimientos en áreas como la alimentación, con 160 notificaciones. Además, el medio señala que los penales no cumplen con el gramaje (peso) de las comidas establecido por la normativa.
Asimismo, se establecieron 94 penalizaciones por falta de mantención de infraestructura y equipamiento en fechas determinadas.
En cuanto a lo requerido en el ámbito de la salud, los ocho recintos fueron sancionados en 71 oportunidades por incumplimiento, y en 64 ocasiones por incumplimientos en materia de reinserción social.
El presidente de la Asociación de Concesionarios (Copsa), Leonardo Daneri, considera que las multas “son bajas, lo que implica que las empresas han operado bien. Si las comparamos con otros sectores, como los hospitales concesionados, las sanciones son menores”.
Respecto a la reinserción, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, explicó a La Tercera que es necesario fortalecer los programas para evitar la reincidencia de los internos, en especial aquellos destinados al tratamiento contra el consumo de drogas y de enfermedades de salud mental.
Por ejemplo, el último reporte de Concesiones del MOP, con datos a junio de este año, indica que en los penales del Grupo 2 la segunda prestación más requerida es la psicológica. Según los expertos, ello resalta la necesidad de contar con disponibilidad de profesionales de la salud para atender a la población penal.
Por último, Gendarmería y las empresas concesionarias que forman parte de las sociedades que administran los centros, no entregaron su visión respecto de la operación de los penales.