La Universidad Arturo Prat en Iquique, apeló a la sentencia que benefició a una ex funcionaria de la casa de estudios, quien a través de la adulteración reiterada de 24 cheques se apropió de 240 millones de pesos. Pese a que en juicio se demostró su responsabilidad en los hechos, la ex funcionaria sólo fue condenada a una multa del 10% del monto sustraído y a 5 años de libertad vigilada.
Lo curioso es que el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Tarapacá, Eduardo Ríos y el abogado querellante Enzo Morales, no se opusieron a la sentencia y el Fiscal además desistió de presentar acciones destinadas a la reconsideración de la misma. Sólo la Universidad Arturo Prat, representada por el abogado Eduardo Cáceres, en forma expresa señaló en la audiencia que no renunciaría a los recursos.
Ante la gravedad de la situación, el Rector de la Universidad Arturo Prat, Gustavo Soto Bringas, instruyó al equipo legal para interponer todas las acciones legales que los asistan en orden a impedir la impunidad de estos delitos que dañaron el patrimonio de la universidad obligándola a cancelar con fondos públicos dos veces los mismos servicios.
A juicio del Rector la situación es de extrema gravedad, “no puede ser que defraudar al Estado, a una universidad sean tan fácil y conveniente. La señal es mala; defraude en 240 millones, pague una multa de 24 millones en 12 cuotas o preste servicios a la comunidad para no pagar la multa, y además no tendrá cárcel. Así es más fácil defraudar al Estado que pedir un crédito”.
La apelación ya fue interpuesta por la Universidad para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique revise el procedimiento y el fallo.