La diputada Joanna Pérez emplazó al Gobierno y recordó que los decretos de eficiencia para el uso de recursos públicos están generando preocupación y temores innecesarios en los equipos que los ejecutan ya que supuestamente podrían suspenderse.
“La mayoría de estos programas en ejecución son vía convenios, llevan años y consideran la contratación de profesionales a honorarios los que podrían verse afectados según incluso, propias fuentes del Gobierno”, dijo la parlamentaria.
“Nos referimos por ejemplo a programas ligados al refuerzo educativo, corresponsabilidad, 4/7 del Sernameg que apoya a mujeres trabajadoras en el cuidado de hijos e hijas, y que contempla a nivel nacional a 1500 profesionales o en Junaeb el programa de habilidades para la vida de apoyo psicosocial con más de 10 años de antigüedad y que involucra 2.200 trabajadores en todo el país”, explicó Pérez.
La parlamentaria agregó que “si el Gobierno busca a través de estas medidas prescindir de personas que ya están contratadas para reasignar estos recursos sería una pésima señal, ya que el Estado no puede pretender paliar la crisis del Covid-19 a costa de fuentes laborales. Sería además de doble discurso ya que ellos han propiciado iniciativas que apuntan en la protección del empleo en el sector privado”.
Pérez, también vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana (DC), advirtió que la oposición, su colectividad y bancada se opondrán tajantemente a una medida injusta como la mencionada y pidió al Gobierno aclarar ya las dudas.
La legisladora del distrito 21 finalizó señalado que “entendemos que puedan existir reestructuraciones y reasignaciones presupuestarias para enfrentar esta emergencia, pero no aumentando la cesantía”.