La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, señaló que la querella presentada por la empresa Pegasus sobre posibles delitos de corrupción en una licitación de 300 cámaras corporales de Carabineros, no tendría “ningún tipo de asidero legal”.
Martorell se encontraría siendo investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, donde se acusa que la empresa ganadora, Motorola, fue favorecida estratégicamente por la Subsecretaria, aunque sus equipos no contaban con la función de “pre y post grabado”, lo cual era una de las condiciones del proceso.
La Subsecretaria se defendió y aseguró que esta querella “no tiene ningún tipo de asidero legal; hoy cualquier persona puede presentar una querella si siente que ha sido vulnerado en algún derecho, pero como subsecretaria estoy segura y absolutamente convencida de que no ha existido ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad ni mucho menos algún tipo de acción criminal, que es lo que se pretende imputar“.
“Vamos a evaluar todas las acciones legales que podemos ejercer, porque aquí se está afectando a una subsecretaría de Estado, a funcionarios que trabajan en ella y también a mí como persona, y eso por supuesto que afecta mi honra“, agregó luego.
Por otro lado la empresa Motorola expresó que la licitación que obtuvieron fue de un carácter público, “conforme a las leyes del país“, mientras que las cámaras seleccionadas cumplen todos los requisitos técnicos y de servicios estipulados en la licitación.