Carabineros emitió este viernes una declaración pública en la cual se refirió a la investigación en el marco del sumario administrativo de Contraloría contra siete generales del Alto Mando de la institución uniformada por el estallido social del 18 de octubre.
“Como siempre se ha actuado ante el ente contralor, se aportará la información que permita el desarrollo de las diligencias que realiza”, dice la declaración.
Asimismo, agrega que “sin embargo, es oportuno recordar que el contexto del período en cuestión fue de extrema violencia, con 8.957 eventos de graves alteraciones del orden público”.
“Ello significó una alta exigencia y, por consecuencia, una demanda sin precedentes sobre los medios humanos y logísticos con que contaba Carabineros de Chile, como fue públicamente conocido”, justifica.
Además argumenta que “a pesar de esas dificultades, con carabineros heridos, cuarteles atacados y vehículos destruidos, nuestra institución mantuvo el compromiso con la paz social y el orden público”.
“Carabineros reitera reconocimiento y apoyo a cada uno de sus hombres y mujeres, que supieron y saber responder a este enorme desafío país”, concluye.
Cabe recordar que la Contraloría General de la República (CGR) formuló cargos a siete generales activos del Alto Mando de Carabineros, por su eventual responsabilidad administrativa, en el contexto del estallido social del 18 de octubre.
Se trata del general inspector, Ricardo Yáñez, Director Nacional de Orden y Seguridad, junto a los generales inspectores, Jorge Valenzuela Hernández, actual Director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y Mauricio Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Zona Metropolitana.
Además de Enrique Bassaletti, Jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás, Jefe Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, Jefe V Zona Valparaíso; y Jean Camus, Director de Logística.
Así lo reveló una investigación de Radio Bío-Bío, que consigna que la formulación de cargos se enmarca en un sumario administrativo -que hasta ahora es secreto- dirigido por la Fiscalía Institucional de la Contraloría y que se inició luego de recibir la denuncia anónima de particulares y organizaciones de Derechos Humanos extranjeras.
De esta manera, la CGR estimaría que los uniformados no habrían garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos que operaban a esa fecha, los cuales fueron modificados en febrero de 2020.