Los abogados defensores del Presidente Sebastián Piñera y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, solicitaron a la Corte Suprema apoyar la negativa del ministro Enrique Paris de entregar información de los correos electrónicos del Minsal, en el marco de la investigación por las muertes asociadas a Covid-19.
De acuerdo a los abogados Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso la petición del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz “carecía de todo fundamento legal” y e incluye “necesariamente el examen de documentos reservados cuya divulgación afecta la seguridad nacional”.
Además, manifestaron que el retiro de información resulta “inusual, infundada y precipitada” y que la autorización del tribunal de Garantía que la permitió “adolecía de serios defectos y carecía de todo fundamento legal”.
“Dicha resolución es infundada, carece de sustento legal, y además, acoge una solicitud que esgrimió antecedentes insuficientes para decretar una gravosa diligencia intrusiva, pues no se realizó en la resolución impugnada el adecuado test de proporcionalidad exigido, ni tampoco dicha diligencia resulta necesaria para el éxito de la investigación”, añade el texto.
Además, señalan que e “los presupuestos fácticos que el Ministerio Público provee como sustento son meras elucubraciones. Se trata de especulaciones sobre manejo de la crisis sanitaria”.
En ese sentido señalaron que “el Ministerio Público deliberadamente omite testimonios que controvertirían precisamente ese relato. Ese es el caso de la declaración del Jefe de Epidemiología del MINSAL Sr. Rafael Araos.
Pero ello no es todo, agregan, “desde un inicio de la investigación el Ministerio Público dio cuenta de este sesgo al punto que estos apoderados pusimos en conocimiento del Fiscal Nacional Jorge Abbott la situación, sin que éste adoptara las medidas pertinentes y necesarias que aseguraran el debido proceso en esta fase preliminar de la indagatoria. No es descartable por lo mismo que la medida intrusiva no sea sino una represalia del órgano persecutor al ejercicio de derechos procesales por nuestra parte. Ello es impropio en un estado de derecho pero evidentemente ello parece no aplicar al Ministerio Público”.
“Así, el mismo fiscal adjunto que en audiencia de cautela de garantías declaró que él no era neutral, se esmera ahora en llevar adelante diligencias como las que se pretenden haciendo un uso instrumental del procedimiento”, indicaron.
Por todo lo anterior, manifestaron que “no sólo la diligencia de incautación resulta carente de límites razonables y excesiva, sino que derechamente la investigación se sostiene sobre hechos atípicos. El Ministerio Público no ha hecho siquiera el esfuerzo por explicar cómo y en qué forma podemos estar frente a hechos que preliminarmente pudieran revestir el carácter de delito”.