Durante esta jornada, el Ministerio de Justicia respondió al informe entregado por Amnistía Internacional, en el que acusa a Carabineros de violar de manera reiterada y generalizada los derechos humanos de las personas en el marco de la crisis social del 18 de octubre.
Desde el Gobierno aseguraron -mediante un comunicado- que “no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes”.
En el comunicado, indicaron que “el Gobierno de Chile ha tomado conocimiento de dicho informe, y se analizará como se hizo respecto de los otros informes que recibió nuestro país el año pasado por parte de los órganos autónomos de derechos humanos (INDH y Defensoría de la Niñez), y de tres organismos internacionales (ACNUDH, CIDH y HRW)”.
En esta misma línea, reiteraron que “el Gobierno de Chile siempre ha condenado toda conducta que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia, y solidariza con las víctimas que han sufrido sus consecuencias. En Chile existe un régimen democrático con un Estado de Derecho, y en consecuencia, cualquier denuncia sobre esta materia, además de los sumarios administrativos correspondientes, debe ser investigada por la Fiscalía y conocida, juzgada y sancionada por los Tribunales de Justicia, y sus víctimas reparadas en virtud de la ley”.
En relación a algunos contenidos incluidos en el informe de Amnistía Internacional, el Gobierno lamentó “que éste realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”.
Por otra parte, desde el Gobierno reiteraron “con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance. La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes“.
“El Gobierno hace presente que el Informe de AI no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, complementaron.
Según el Gobierno, “el informe de AI no recoge el trabajo ya realizado por el Gobierno para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, ni la labor realizada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, ni de la Defensoría Penal Pública para fortalecer el resguardo de los derechos humanos”.
“En cuanto a las recomendaciones que el Informe de AI realiza al Estado, éstas se refieren de forma similar, aunque más acotada, a las ya efectuadas por los demás organismos de derechos humanos. El Gobierno revisará estas recomendaciones, con la misma metodología con la que ha trabajado las realizadas oportunamente por los organismos antes referidos“, indicaron.
Asimismo, aseveraron que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó recientemente un Informe de Avance de Cumplimiento, dado a conocer en el Comité Interministerial de DD.HH. del pasado 03 de septiembre, formalmente remitido a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Este Informe se encuentra disponible para la ciudadanía en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos“.
Reforma a Carabineros de Chile
En cuánto a la reforma que se pretende realizar a la institución de Carabineros, desde el Gobierno señalaron que se “ha impulsado desde un inicio un conjunto de medidas administrativas y legales para materializar la necesaria reforma a Carabineros de Chile, incluyendo la incorporación de nuevos medios para el control del orden público, el fortalecimiento del Plan de Formación de Derechos Humanos en todo el país y la modificación de Protocolos para el Uso de la Fuerza, entre otras medidas”.
En este sentido, sostuvieron que “el Presidente de la República, Sebastián Piñera, lideró el viernes pasado una reunión con la Comisión de Estado para la Reforma de Carabineros, creando una Unidad Coordinadora compuesta por expertos y expertas transversales en la materia”.
“El objetivo de esta Unidad Coordinadora será la implementación, de manera seria y responsable de dicha reforma. Una reforma profunda, que fortalecerá la cultura y las prácticas para proteger los derechos humanos de la ciudadanía, porque tenemos la convicción que la seguridad de las personas y el orden público deben ser compatibles con el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas y todos quienes habitamos nuestro país”, añadieron.
“Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que el uso de la fuerza por parte de la policía deba guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Por ello, ante todas las denuncias que se han presentado, el Gobierno de Chile ha apoyado permanentemente que estas sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas, cuando corresponda. Esto es lo que corresponde por parte de las instituciones en un Estado de Derecho democrático, pues ante violaciones de derechos humanos no puede haber impunidad para quienes cometieron o cometan delitos que así sean considerados por los tribunales de justicia”, concluyeron.