La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra, la idea de legislar del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo, crea un servicio público de acceso a la justicia, descentralizado y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que reemplazará a las actuales corporaciones de asistencia judicial.
El organismo, que será sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, tiene como objeto garantizar el acceso a la justicia, a todos por igual.
Para cumplir con su misión, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia deberá otorgar asesoría jurídica a las personas que requieran orientación legal, defensa y representación jurídica. El beneficio llegará a quienes no pueden procurárselas por sí mismos o se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Todas las prestaciones otorgadas por el Servicio a sus usuarios, serán de carácter gratuito. Adicionalmente, para efectos de los gastos que emanen de un proceso judicial, los usuarios gozarán del beneficio de asistencia jurídica. El proyecto plantea que también se deberá otorgar apoyo psicológico y social, en los casos que corresponda, resguardando la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
En cuanto a la Defensoría de Víctimas, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo ante la comisión que esta no se limita a la defensa jurídica o representación judicial, sino que debe abocarse a entregar una amplia asistencia en materia de información, asesoría, atención psicosocial y representación judicial de las víctimas.
El ministro agregó que, para una adecuada gestión de la Defensoría, se crea la figura del Gestor de Casos. Éste deberá gestionar la demanda, hacer seguimiento de los procesos, y coordinar los esfuerzos del Servicio para una acción eficiente. El rol principal del Gestor será identificar las necesidades de las personas para administrar la oferta de atención.
Sobre la iniciativa, algunos parlamentarios plantearon su malestar porque no venía acompañado del correspondiente informe financiero ni con recursos necesarios para la creación de este nuevo organismo. Al respecto, Hernán Larraín comprometió los dineros para el funcionamiento de la Defensoría y que estos estarán disponibles cuando el gobierno presente indicaciones al proyecto.