La Asociación de Isapres de Chile se refirió a la votación realizada por la Convención Constitucional sobre el Artículo 14, que consagra el derecho a la Salud.
En la instancia se definió que el “Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población”.
“El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”, complementa el artículo.
Tras esto, la Asociación de Isapres emitió una declaración pública, donde enfatizó que “la propuesta de la Convención Constitucional termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% a un único sistema estatal, sin posibilidad de elegir cuándo, dónde ni con quién atenderse”.
“Lo aprobado obliga a los más de tres millones de afiliados y pacientes a migrar al sistema público, con los conocidos problemas que éste tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías”, sostuvo el organismo.
Por lo mismo, la entidad consideró que “se ha tomado una definición riesgosa para las personas, que implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios, pero lo más importante: sin ningún elemento que incorpore mejoras al sistema público, y sin certeza de qué pasará con los tratamientos de los miles de pacientes que hoy se atienden en el sector privado”.
En este contexto, la Asociación señaló que “lo aprobado es contrario, incluso, a la opinión que han entregado diversos expertos en salud y exautoridades”.
“Reiteramos, como lo hicimos ver a los convencionales, que las normas que están impulsando no apuntan a mejorar el sistema, sino que precarizan más la salud. Ello, pues se centran en imponer restricciones a la cooperación público-privada, en lugar de garantizar que se cumplan las expectativas de las personas que requieren una salud digna, mediante mejoras en el acceso y la calidad de las atenciones de salud”, puntualizó.
“Hay que ser precisos: se tendrán que asumir los costos económicos, sociales y sanitarios de dejar a tres millones de pacientes a la deriva”, agregó la Asociación de Isapres.
Finalmente, desde el organismo expresaron su “solidaridad con los afiliados, pacientes, y beneficiarios del sistema privado y con los millones de usuarios del Fonasa. Entendemos sus preocupaciones ante este verdadero salto al vacío que ha definido la Convención Constitucional”.