La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, puso hincapié que hay que investigar “duela a quien le duela, caiga quien caiga” el caso de los convenios adjudicados por la fundación Democracia Viva.
En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, dijo que “lo que queda por ver si este es un caso circunscrito excepcionalmente a esta fundación Democracia Viva, que tiene unas características bastante especiales, en el sentido que tenía muy poco tiempo de funcionamiento, muy poca trayectoria y tenía vínculos partidarios bastante relevantes con personas que estaban en la Seremi de Atacama, o ver si esto es algo más extendido”.
“Yo creo que por ahora no sé si podemos decir que es algo absolutamente extendido. Yo creo que es entendible que cuando ocurren estos casos se levanten sospechas y se quiera saber si es efectivamente así, pero yo creo que lo vamos ir viendo con el correr de los días”, sostuvo.
En cuanto a la otra fundación que está en sospecha, Urbanismo Social, Jaraquemada señaló que “tiene una trayectoria distinta a la que tenía Democracia Viva, por lo tanto, lo que hay que ver aquí es si, efectivamente, este seremi que fue parte en su momento de la fundación, a pesar que entiendo que se inhabilitó de la decisión, igual habría habido algún tipo de conflicto de interés o influencia para estas contrataciones. Eso es lo que falta determinar”.
La directora ejecutiva de la organización dijo apuntó que “estas dudas nos quedan porque el mecanismo que se utilizaba y que se ha utilizado durante mucho tiempo para estas transferencias muchas veces es la transferencia directa sin concursabilidad de estos fondos. Eso, obviamente, genera duras porque abre la puerta a mucha discrecionalidad”.
En sentido, destacó que “eso es algo que urgentemente hay que corregir”. El problema, agregó, es que “cuando esperamos el próximo escándalo, el caso grave, y vamos a reaccionar, la crisis de confianza ya va a estar tan instalada, que la reacción o cuando intentemos reparar esto, puede ser que sea un poco tarde“.
La solución, según dijo, es “la concursabilidad. Cuando abrimos la competencia, generalmente, lo que vamos a tratar de garantizar es que quienes se adjudiquen estos recursos públicos sean las personas o organizaciones que tengan las mejores competencias para hacerlo. Obviamente hemos visto que eso no es perfecto, en el sistema de comprar públicas igual se han manejado licitaciones para que se las ganen determinadas empresas o organizaciones” .