Este lunes alcaldes del oficialismo solicitaron al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, poder pedir a favor de los municipios la destinación provisional de las llamadas “casas narcos“, mientras duran las investigaciones.
La petición se enmarca en el artículo 40 de la Ley 20.000, donde se dispone que “los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos incautados de los delitos a que se refiere esta ley y de que se hace mención en los artículos 187 y 188 del Código Procesal Penal, podrán ser destinados provisionalmente por el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, a una institución del Estado“.
Mauro Tamayo, edil de Cerro Navia, comentó el caso de una de estas casas, emplazada en su comuna, la cual pasó a ser administrado por la municipalidad.
“En esta casa durante 30 años se traficó, y la Fiscalía le pidió al tribunal de forma provisional entregarnos esta casa y finalmente se trasforma en un espacio de seguridad parte y parte del plan cuadrante municipal“, comentó en conversación con 24 Horas.
“El fiscal Sebastián Gana solicitó al tribunal entregar en forma provisional, mientras dura la investigación, mientras se determina si la casa que estaba acá fue obtenida con recursos del narco. Mientras dura esa investigación, que pueden ser muchos años, nosotros vamos a estar haciendo ocupación de esta casa“, agregó.
Por su parte el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, valoró este paso e indicó que la medida es “absolutamente” replicable a nivel nacional.
Junto a los ediles mencionados, la iniciativa es apoyada por Felipe Muñoz, de Estación Central; Karina Delfino, de Quinta Normal; Ítalo Bravo, de Pudahuel; Gonzalo Durán, de Independencia; Maximiliano Ríos, de Lo Prado; Joel Olmos, de La Cisterna; Claudia Pizarro, de La Pintana; Paulina Bobadilla, de Quilicura; Gustavo Toro, de San Ramón; y Cristóbal Labra, de San Joaquín.