El Gobierno ingresó este martes una querella por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ocurrido el pasado 21 de febrero en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.
Fue el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que realizó esta acción judicial en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de todos quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, según indica La Tercera.
Fue durante la madrugada del pasado miércoles cuando cuatro individuos a rostro cubierto habrían ingresado al departamento del teniente en retiro del Ejército de Venezuela, ubicado en calle El Molino, de la mencionada comuna de la R.M.
La Fiscalía, por su parte, declaró esta investigación como secreta, quedando a cargo de un Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
La pasada semana el Ejecutivo adelantó que realizaría esta acción judicial “como en otros casos de delitos graves, como ustedes saben en materia de homicidio y también de secuestros”, dijo en aquella oportunidad el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
“Siempre nos parece que es una decisión muy importante la querella que se presente por parte del Gobierno, a través del Ministerio del Interior”, indicó el pasado 22 de febrero.
Querella por secuestro de exmilitar venezolano
En el escrito, que tuvo acceso T13, señalan que este hecho genera en la población “un inevitable temor de ser víctima de este tipo de delitos”.
Por lo mismo, según indica la querella, cuando este tipo de delitos afectan a la seguridad pública, genera en toda la población o en un sector de ella “el temor de ser víctima de delitos de la misma especie”.
“Esto, en atención a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos“, consigna la acción judicial, según informó el citado medio.
Además, en el documento se comunica que se despachó una orden para que investigue este caso a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE). “Con el objeto de que empadrone a los posibles testigos, solicite la entrega de registros audiovisuales, y en definitiva se realicen todas las diligencias necesarias conducentes al esclarecimiento de los hechos”, señala el documento.