Fiscal Nacional
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En el marco de la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, realizó una serie de propuestas de políticas públicas y modificaciones a normativas legales que permitan combatir de mejor manera el crimen a nivel nacional.

“En primer lugar, necesitamos penas más severas para quienes ocasionan incendios por negligencia. A propósito de lo ocurrido en febrero de este año y la catástrofe de 2023 en el centro sur de Chile”, sostuvo.

En ese sentido, el Fiscal Nacional planteó “la necesidad de reformar nuestra ley penal a fin de que se establezcan penas más seguras para quienes ocasiones incendios por negligencia durante un estado de emergencia”.

“Por otra parte, a propósito del arresto domiciliario y los abonos a condenas, en el camino de construir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, es importante dar señales claras de que en Chile no se permite la impunidad”, declaró.

“Según el Código Penal, los condenados de penas privativas de libertad cumplirán sus condenas en establecimientos carcelarios. Sin embargo, el abono total del tiempo que un acusado ha permanecido en reclusión domiciliaria, puede traducirse en un incentivo a la dilación de los procedimientos por parte de quienes se encuentran en arresto domiciliario”, añadió.

Por otro lado, respecto de los casos de delitos cometidos desde el interior de recintos penitenciarios, el Fiscal Nacional propuso “la discusión y aprobación urgente de un proyecto de ley que regule el marco jurídico especial del régimen carcelario de los imputados y sentenciados que participen en el crimen organizado”.

“La Fiscalía debe tener atribuciones legales para delegar mayores atribuciones a la policía. Me permito proponer que se reforme el Código Procesal penal, para que el Fiscal Nacional pueda impartir instrucciones generales a las policías, que les permitan, en ciertas categorías de delitos, delegar o conferir mayores atribuciones para realizar sin orden previa del fiscal las primeras diligencias de investigación de forma inmediata”, sostuvo.

“Necesitamos una regulación más moderna en materia de atribuciones policiales, que nos permita contar con mejores y más oportunos antecedentes y así reducir nuestros niveles de archivo provisional”, sentenció.

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