La semana pasada, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) junto a TECHO-Chile dieron a conocer las cifras nacionales sobre la cantidad de personas y familias que viven en campamentos, visibilizando una realidad que pareciera haberse instalado en nuestra sociedad: 40.541 familias viven en campamentos (2017), cifra muy cercana a las 40.493 familias que vivían en la misma situación en 1985, es decir, hemos retrocedido 30 años.
Si bien son varias las razones que explican este fenómeno (el alto costo de los arriendos y la mala calidad de vida en los sectores periféricos de las ciudades, en donde estas personas tienen una alternativa de vivienda), un hecho reciente en nuestro país explica que buena parte de este “récord” nace producto de que más de un tercio de las 2.400 nuevas familias que llegaron a campamentos durante 2017 son inmigrantes (este fenómeno está especialmente focalizado en el norte de Chile).
Si bien la nueva Ley de Migración y Extranjería presentada hace poco más de un mes por el Ejecutivo soluciona en parte el acceso a la salud y la educación, queda muy en deuda con el acceso a la vivienda. Según datos del Centro de Investigación Social (CIS) de TECHO-Chile, un arriendo podría requerir cerca de 45% de los recursos de un hogar del primer quintil, los cuales perciben ingresos cercanos a los $263 mil pesos. Como es evidente, es inviable que una persona en estas circunstancias pueda vivir en un lugar digno, sin hacinamiento y bajo condiciones mínimas de salubridad si no es con la ayuda de un subsidio del Estado.
Retroceder 30 años respecto a la situación de los campamentos en nuestro país es algo que, a lo menos, debiese preocuparnos. Este problema tiene que ser atacado de manera integral desde, dando espacio y urgencia a políticas públicas que vayan en pos de la construcción de viviendas sociales con acceso a servicios y a centros de oportunidades, junto con seguir potenciando subsidios de arriendo para familias vulnerables -tanto nacionales como inmigrantes-, como ocurre en países con una economía social de mercado robusta. La accesibilidad en la ciudad, por ejemplo, es un problema crucial que explica en buena parte la proliferación de este tipo de viviendas. En los sectores periféricos, por ejemplo, donde se concentra la población de menores recursos, habitada mayormente en “villas de blocks” o en “campamentos”, la accesibilidad disminuye dramáticamente. Tanto así que se estima que, según un estudio reciente de Shirahige y Correa, alrededor de 83.000 familias no tienen actualmente acceso directo a transporte público.
Como vemos, la vida digna de miles de familias ha ido en retroceso y es responsabilidad del Estado asegurar una vivienda digna con condiciones mínimas de habitabilidad. El nuevo proyecto de Ley es un avance significativo en materia de inmigración, pero todavía falta trabajar en el acceso a derechos como la vivienda, apoyar el aprendizaje de español (dando facilidades de traducción en trámites) y tantas otras cosas, porque en integración no podemos volver a retroceder
Iván Suric Guzmán
Fundación IdeaPaís