El gobierno del presidente Piñera ha propuesto un nuevo protocolo respecto de la objeción de conciencia institucional acogiendo completamente lo dispuesto por la Contraloría General. Es decir, se excluiría la posibilidad de que las instituciones de salud que mantienen convenios con el Estado, ejerzan dicho derecho, abrazando de paso la idea que identifica lo público y lo estatal. ¿Es acaso esto un problema?
En mi opinión, hay al menos dos motivos importantes para que lo sea: por una parte, constituye una vulneración al derecho de asociación y, por otra, no se advierte inconsistencia política en que se incurre.
El derecho de asociación se desprende de la libertad que tienen los individuos de asociarse para lograr fines comunes. Por ese motivo se respetan y valoran esas asociaciones y su marco de acción no será muy distinto al que tienen los ciudadanos individualmente considerados. Por lo mismo, el Tribunal Constitucional estimó que era razonable conceder a las agrupaciones jurídicamente reconocidas el derecho a ser objetoras de conciencia, pues lo que está en juego es la misma libertad –pero considerada de modo agregado–.
¿Es acaso un problema que existan dineros públicos de por medio? Depende de cómo se entienda el rol de lo público y si acaso los privados tienen algo que decir sobre él. Aquí es donde está el problema político que hasta ahora el gobierno no advierte, pese a que sus propios parlamentarios han intentado hacérselo ver. Para un sector político que defiende entre sus ideales que la sociedad civil es el principal motor social es evidente que un protocolo como este borra la línea que distingue lo público de lo estatal. Al derribar esta barrera, lo público será cooptado –a la larga– por el Estado, que terminará aún más grande. ¿No era la izquierda la que quería hacerlo crecer?
¿Qué dirá el gobierno cuando se discuta la eutanasia y las mismas instituciones se declaren objetoras? ¿No se da cuenta que está matando, lenta pero seguramente, a quienes desde la sociedad civil están mucho más cerca de sus propios ideales? ¿Habrá visto las ramificaciones que tendrá el asunto? La discusión no será muy distinta cuando en materia educacional existan instituciones que tengan reparos con aspectos polémicos del currículum estatal y reciban fondos públicos. ¿Qué es recibir fondos públicos? Para el aborto la línea ha sido dibujada en la existencia de un protocolo para ciertas prestaciones, pero en la lógica subyacente no se ve claro por qué debería limitarse en otras materias.
En definitiva, hay mucho en juego. Resulta una curiosidad que no se repare en lo esencial que resulta la libertad de asociación para el espectro político que el gobierno quiere representar: ese de una segunda transición, que va desde la DC –con sus escisiones– hasta todas las derechas que se puedan considerar. Por otra parte, que pocos “liberales” de derecha hayan alzado la palabra, ¿raro?