Con la discusión en torno a la reforma tributaria ―más allá de la tasa impositiva, su progresividad e impacto sobre la inversión― surgen voces que pretenden antagonizar la búsqueda del anhelado bien común con los intereses propios del mundo empresarial, como si ambos corrieran por caminos separados.
Caer en esta disociación es problemático porque no es capaz de observar el entramado de vínculos que existe en la actividad empresarial y el desarrollo de sociedad. Las compañías, al igual que muchas otras organizaciones, dependen de diversos actores sociales para realizar sus actividades. Por ejemplo, varias empresas requieren de proveedores locales de bienes y servicios para llevar a cabo sus operaciones, mantener una buena relación con las comunidades para asegurar la sostenibilidad de sus proyectos, y que los habitantes cercanos a sus instalaciones estén dispuestos a trabajar en ellas. Por lo tanto, no es posible que las empresas logren sus fines particulares sin una noción bien entendida del bien común, que debe comprender su relación con otros actores y las comunidades locales en las cuales están insertas.
Comprender cuáles son las exigencias prácticas del bien común no es patrimonio exclusivo del Estado ni de la clase política. Una determinada tasa impositiva o régimen fiscal tampoco ilumina mucho acerca de si es posible la convivencia entre bien común y los intereses empresariales.
En este sentido, es necesario, por un lado, que en el mundo empresarial se difunda una mirada distinta sobre su rol social, pues conseguir el bien común debiese ser parte fundamental de sus decisiones y no un asunto ajeno o externo a su labor. Para ello es urgente integrar las necesidades de las comunidades locales en los planes de acción de las compañías. Por otro lado, es necesario que la clase política ―y en particular cierta izquierda― entienda que las empresas pueden colaborar en la consecución del bien común, y que tampoco son necesariamente antagonistas del progreso y la historia. Dicho esto, en el contexto de la modernización tributaria, sería exigible, por lo tanto, un diálogo transversal y colaborativo entre gremios, Estado y la sociedad civil para garantizar una correcta utilización de los recursos obtenidos por esta reforma. Para ello, es clave dejar esa actitud marcada por “los otros” hacia una en que prime fundamentalmente el “nosotros”.
Gabriel Olave
Investigador IdeaPaís