A dos años del fallo del Tribunal Constitucional que legalizó el aborto por 3 causales en Chile, merece que nos detengamos a observar qué ha pasado con los derechos de las mujeres y sus hijos.
Como organizaciones que trabajamos con mujeres y maternidad, nos toca recibir y acompañar frecuentemente a madres gestantes, algunas de ellas, que cumplen con los requisitos de la ley de aborto en 3 causales.
Durante este tiempo hemos podido observar que el acompañamiento que se les ofrece es precario y poco efectivo, ya que no posee un diseño programático propio del acompañamiento y carece de equipo multidisciplinario que ofrezca apoyo integral. Además, lamentablemente es frecuente que no se le ofrezca a aquellas mujeres que, cumpliendo con una causal, deciden continuar con su embarazo. Ellas, por ley, también tienen derecho a recibirlo y ante un embarazo en esas circunstancias es particularmente importante que puedan contar con él.
Vemos también repetidas señales que plantean serias dudas sobre el cumplimiento que se le está dando a la neutralidad en el acompañamiento, pese a estar establecido como un requisito en los protocolos, y también preocupa el hecho de que la entrega de información respecto a la ley sea parcial y no se incluya todas las opciones existentes. Son frecuentes los casos de mujeres a las que se les presentó como única opción el aborto, se las presionó e hizo sentir que continuar con su embarazo no era una opción válida, donde, incluso, fueron juzgadas y hasta agredidas, verbal y psicológicamente por su decisión.
La presión por el aborto también se le ha hecho sentir a muchos equipos de salud en distintos hospitales del país. El ejemplo más claro y conocido es el caso del Hospital de Carabineros, donde la insistencia por permitir el aborto de un niño con síndrome de down, que no cumplía con los requisitos que establece la ley, llevó el caso hasta la Corte Suprema. Además, los profesionales de la salud tampoco pueden ejercer en plenitud la objeción de conciencia porque, en diversas circunstancias, ésta queda obstaculizada como, por ejemplo, cuando el procedimiento no ocurre en un pabellón, o éste se inicia en sala y se debe indicar o administrar misoprostol.
Por otra parte, la misma prensa informa que, de los casos de aborto por violación, un importante porcentaje de estas violaciones declaradas para acceder a la ley quedan sin denuncia, normalizándose así la impunidad de este tipo de crimen, que es de los más graves y vulneradores de los derechos de la mujer.
Un mínimo exigible en la aplicación de la ley -que supuestamente se hizo pensando en las mujeres y en la libertad- es que garantice la objeción de conciencia real, que el acompañamiento ofrecido esté disponible para toda mujer que cumple con una causal, que la ley no se preste para favorecer la impunidad de las violaciones que sufren las mujeres ni sea impuesta bajo presión. Y sobre todo, que la preocupación de autoridades y gobierno por el cumplimiento de la ley sea en todo sentido, es decir, que no se limite únicamente a cumplir con el acceso al aborto de quienes lo solicitan, sino que asegurar el previo cumplimiento de requisitos y preocuparse del trato digno, igualitario y respetuoso de todos los involucrados.
Se prometió que la ley no obligaría a nadie a abortar y que se velaría por las mujeres que están pasando por situaciones muy dolorosas, pero hoy vemos más debilitados los derechos de las mujeres y sus hijos frente a un sistema que parece estar hecho más a la medida de quienes están interesados en que se produzcan un número mayor de abortos que de los derechos de las mujeres.
Constanza Saavedra, cofundadora Testimonios por la Vida
Rosario Vidal, cofundadora Movimiento de Mujeres Reivindica