La enorme mayoría de los chilenos valora la democracia y, al mismo tiempo, desconfía de las autoridades e instituciones que la componen. Esta situación conlleva un riesgo latente, ya que en el mediano plazo sólo una autoridad legítima es capaz de utilizar la fuerza para mantener el orden y la paz social.
El pronóstico es sombrío: por un lado, los disturbios no terminan (funas a la PSU, iglesias quemadas, Plaza Italia tomada, etc.) y, por otro, las autoridades parecen cada vez más solitarias y ensimismadas, bailando una canción que solo ellas escuchan. Si en marzo observamos un nuevo brote de violencia no habrá autoridad capaz de invocar la fuerza: ni el Presidente, ni el Congreso, ni la Corte Suprema. Aquí presento una serie de propuestas para revitalizar la legitimidad perdida.
Reformar el poder judicial.
En este país las cárceles están sobrepobladas, pero nadie es condenado. Tenemos tasas de encarcelación bastante altas, pero ni los empresarios fueron encarcelados por colusiones, ni los políticos por financiamiento ilegal, ni los vándalos de octubre por participar en saqueos, ni los anarquistas por poner bombas para infundir miedo (como en el caso Pitronello). La razón es que las cárceles están sobrepobladas: un juez debe decidir entre perdonar y mandar al infierno a un acusado. Los jueces perdonan porque son jueces, no verdugos. Para que exista justicia, una condena debe consistir en privación de libertad y programas de reinserción. Debemos invertir en cárceles dignas para que los jueces condenen a los culpables y la ciudadanía vuelva a creer en la justicia.
Otras medidas necesarias son crear jurados compuestos por ciudadanos, para que las personas vean de primera mano cómo es la aplicación de las leyes y facilitar la entrada de abogados al mundo judicial desde el sector privado para evitar la acusación cada vez más común de que los jueces tienen intereses políticos. En resumen, legitimar el sistema judicial haciéndolo efectivo, palpable e imparcial.
Descentralizar el poder ejecutivo.
El ejecutivo debería legitimarse entregando responsabilidades claras y relevantes a autoridades locales, especialmente a las que ya cuentan con alta legitimidad como los alcaldes.
El año 2019 el aporte al Fondo Común Municipal fue de solo el 1,3% del presupuesto nacional, un monto bajo respecto a países desarrollados. Los municipios que demuestren capacidad de gestión debieran recibir un fuerte aumento de fondos, que debiera venir aparejado con una mayor responsabilidad y fiscalización. Por ejemplo, los alcaldes podrían tomar el liderazgo local de carabineros y estar sujetos a la remoción mediante referendos revocatorios. La fiscalización por parte de Contraloría debiera también aumentar.
Además, debiéramos aprovechar la próxima elección de gobernadores regionales para entregar experiencia a futuros candidatos presidenciales. Para esto, el cargo debiera tener atribuciones políticamente atractivas, desafiantes y específicas. Por ejemplo, la nueva autoridad podría tomar el desafío de mejorar la gestión en salud regional, liderando los hospitales y su coordinación con la salud local.
Resucitar al poder legislativo.
La legitimidad del Congreso proviene, en teoría, de su representatividad y de la independencia de sus miembros. En la práctica, los parlamentarios son aislados de la sociedad para evitar conflictos de interés y, por lo tanto, viven encerrados en una burbuja (¡la llamada “clase política” es creada a propósito!). Al mismo tiempo, el Congreso “desempeña solo deslavadas tareas de colegislador” (Senador Allamand, Boletín N° 10.607-07). Es decir, los mismos parlamentarios creen que su rol es aburrido… casi insignificante. Para legitimar el Congreso hay dos alternativas: asumir su rol deslavado de forma plena, o entregarle un trabajo desafiante y políticamente valorado, a costa de sacrificar su independencia actual.
El Congreso puede tener un rol deslucido y ganar legitimidad; basta con admitir que el trabajo parlamentario es de medio tiempo. El Congreso podría funcionar sólo los viernes (como lo hacen nuestros concejales) o tres semanas seguidas una vez al trimestre (como funciona en Suiza). Sería un rol que admitiría trabajar en el mundo privado y se esperaría que, debido a su gran número, los intereses individuales de los parlamentarios se contrarrestaran. La legitimidad del Congreso, bajo este modelo, provendría de la cercanía de sus legisladores con la población y no de su independencia.
La otra alternativa es entregarles más responsabilidad a los legisladores. Un extremo de esta opción es crear un régimen parlamentario, en que un gabinete del Congreso conforma el gobierno. Esto en Chile es hoy imposible ya que la ciudadanía no le entregaría el poder de decidir el gobierno al Congreso, pero quizás una entrega parcial de responsabilidad sí sea viable. Por ejemplo, el Senado podría elegir un Gabinete de Seguridad Interna (agrupando Carabineros, PDI, etc.) y la Cámara podría elegir un Gabinete de Flexiguridad Laboral (agrupando Dirección del Trabajo, SENCE, Sercotec, etc. con un enfoque como el sueco). Ambas cámaras funcionarían como un sistema parlamentario sólo para sus ámbitos específicos. Bajo este modelo la legitimidad del Congreso provendría de la responsabilidad que tomarían sus gabinetes.
El mundo político debe empezar a pensar qué hacer en caso de que las negativas predicciones de algunos se vuelvan realidad. Los políticos no tienen nada que perder en términos de legitimidad, pero el país sí en términos de democracia. Es momento de estudiar medidas audaces.
Gonzalo Valdés
Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas UNAB