El diputado DC y miembro de la Comisión de Familia de la Cámara, Raúl Soto, anunció que pedirá “una serie de acciones fiscalizadoras ante el gobierno para que se realice una auditoría financiera de los recursos entregados por el Estado que han sido destinados a los organismos colaboradores del Sename”.
El parlamentario explicó que “lo que queremos es hacer una ofensiva para exigirle al Gobierno que se realice una auditoría financiera al Sename porque hay evidentes muestras ya en los últimos días de que hay irregularidades en el uso de recursos públicos que están destinados a los distintos programas que van dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que están sujetos a los organismos colaboradores del Sename”
“En ese sentido le he manifestado personalmente tanto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, como al de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, la necesidad de que no nos quedemos solamente con la auditoría social que ha establecido y ha realizado el Gobierno sino que es necesario también complementarla con una auditoria económica y financiera.
“Esto es necesario, sobre todo cuando el Gobierno lo que ha hecho es darle prioridad a un proyecto de ley que lo que hace justamente es establecer un aumento en las subvenciones a los organismos colaboradores del Sename y por lo tanto esa es una inyección de recursos que en el escenario actual es entregarle a los organismos colaboradores un cheque en blanco.”
El diputado Soto explicó que “por ello, ante la negativa del Gobierno de hacer la auditoría financiera, hemos oficiado al ministro de Justicia Hernán Larraín para que nos informe en forma precisa y detallada, de 5 años a la fecha, cuáles han sido las rendiciones financieras de todos los organismos colaboradores del Sename y los respaldos económicos, es decir los comprobantes de egresos que tienen para fundamentar esas rendiciones financieras”.
“De esa manera, poder analizar la información y sin duda alguna poder establecer las pruebas necesarias que se requieren para comprobar que en torno al Sename hay un negocio efectivamente que hoy día está lucrando con el sufrimiento y con las vulneraciones de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, añadió Soto.
“Este oficio no está solamente sustentado en la facultad fiscalizadora de nosotros como parlamentarios, sino que además está fundado en un fallo de la Corte de Apelaciones de abril de este año, donde ratifica el criterio que ya había establecido el Consejo para la Transparencia en orden a que estas rendiciones financieras y estos comprobantes de egreso, al ser para en definitiva rendir recursos públicos, son información pública y por lo tanto no se puede denegar el acceso a esta información”, planteó el parlamentario.
Soto agregó, también, que “además, hay una segunda acción fiscalizadora que estamos impulsando a través de un proyecto de resolución, que estamos ingresando en la Cámara de Diputados con la firma y apoyo de parlamentarios de manera transversal, desde Chile Vamos al Frente Amplio para pedirle al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que en definitiva mandate el establecimiento de una auditoria exhaustiva y económica de cómo se están destinando y cómo se están utilizando los recursos, y en este caso lo queremos hacer extensivo desde 10 años a la fecha”.