El ministerio de Salud se refirió a la determinación del Tribunal Constitucional que acogió los requerimientos de inconstitucionalidad recaídos sobre el reglamento que regula la objeción de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
Mediante un comunicado, el Minsal afirmó que “los dictámenes del organismo contralor son mandatorios para los funcionarios públicos. En consecuencia, este Ministerio se vio en la obligación de seguir lo indicado y añadir la señalada norma dentro del reglamento”.
Mientras, tanto, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió a la determinación del TC, calificándola como “un triunfo para el país y para quienes creemos en la vida”.
“Lo que había hecho la Controlaría era decir que el Estado tenía el derecho de obligar a los privados a hacer abortos cuando no querían hacerlo, por el sólo hecho de tener un contrato firmado con el Estado”.