Este jueves un grupo de diputados ingresó una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
El documento fue presentado con once firmas y consta de cinco capítulos que apuntan a la gestión que ha tenido la secretaria de Estado, especialmente en la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
La lista de parlamentarios que se sumaron a la acusación son los DC Gabriel Ascencio y Mario Venegas; Claudia Mix, Natalia Castillo y Tomás Hirsch, del Frente Amplio; Juan Santana del PS; Alexis Sepúlveda del Partido Radical, Esteban Velásquez del FRVS; el PPD Rodrigo González y Boris Barrera del PC.
El Frente Amplio se sumó a la acción luego de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para agregar en el texto una eventual vulneración a la Constitución y las leyes, específicamente en relación al principio de igualdad por parte de Cubillos, aludiendo al bono de las educadoras diferenciales y que motivó un paro del Colegio de Profesores.
Luego del ingreso de la acusación, ahora debe ser informada a la Cámara y se debe realizar un sorteo de cinco parlamentarios para conformar una comisión investigadora que analizará los fundamentos que motivaron la acción. El informe que salga de dicha instancia debe ser aprobado por la Cámara y repetir el trámite en el Senado. Mientras ocurra esto, la ministra Cubillos tendrá la posibilidad de defenderse ante los parlamentarios.
El diputado socialista Manuel Monsalve aseguró que la ministra considera la educación “más como bien de consumo que como derecho social, y ha hecho primar su visión ideológica e intereses personales por sobre el cumplimiento de las leyes vigentes de la República”.
Explicó que la acusación se divide en cinco capítulos que “van a demostrar infracción a la Constitución y a las leyes y también la falta de voluntad de la ministra de cumplir con su mandato, que es la ejecución correcta de la ley. La ministra está actuando contra la educación pública y ese es el fundamento central“.
Por su parte, el diputado DC Mario Venegas declaró que “hemos firmado la acusación porque creemos que tiene fundamento, nos parece que la ministra ha incumplido la ley y la Constitución, ha discriminado, ha desinformado y ha faltado a la verdad”.