Aton Chile
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El senador José Miguel Insulza (PS) votará a favor de los dos capítulos de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Su decisión es importante, pues podría ser un voto definitorio en el total de los 22 que se necesitan para aprobar cualquiera de los dos capítulos.

Durante su intervención en el Senado, el parlamentario argumentó que él advirtió al Gobierno el 18 de octubre, día que iniciaron las manifestaciones, que “no incurriera en el error del Estado de Emergencia, porque ello profundizaría el conflicto, al mostrar la represión como única respuesta”.

No compartiremos responsabilidades con el peor gobierno de nuestra historia reciente, que llegó al poder lleno de promesas de tiempos mejores (…) en suma, un gobierno que parece haber nacido mas para favorecer a los pocos ricos en favor de los demás”, señaló.

“En esos días hubo violencia, saqueos, enfrentamientos, heridos y muertos; y muchas violaciones de Derechos Humanos; obra sobre todo de una policía que se encontraba en su peor momento de preparación, ineficiencia y desmotivación como producto de su propia crisis interna”, agregó.

El senador calificó el trámite como un “juicio político” y que esta “es la única oportunidad que tenemos de decirle al gobierno del presidente Sebastián Pinera que antes, durante y después de la crisis, ha hecho un pésimo trabajo, que con su ineficacia e insensibilidad ha perdido la confianza de las chilenas y chilenos”.

“Que no se diga nunca honorables colegas que frente a hechos tan graves como éstos, la clase política se eximió de sus responsabilidades, lavándose las manos ante una crisis política como la que el país ha vivido en los últimos dos meses. Por eso voto a favor de ambos capítulos de la acusación“, sentenció el parlamentario.

El primer capítulo de la acusación constitucional apunta a Chadwick de haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de DD.HH. y no haber mantenido el orden público nacional.

El segundo capítulo apunta a que habría infringido la Constitución al declarar estado de emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura.

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