Más de 150 personas, entre senadores, diputados, alcaldes y dirigentes de distintas fuerzas de oposición exigieron, a través de una carta abierta, que “se respeten los derechos humanos de Marco Enríquez-Ominami, quién ha sido privado de sus derechos políticos fundamentales”.
Esto luego que ME-O recurriera al Tribunal Constitucional para impugnar la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictiva, y paralelamente, interpusieran un recurso de protección contra el Servel que busca que el ex-candidato presidencial pueda recuperar sus derechos políticos.
La misiva fue impulsada por el presidente del PRO, Camilo Lagos, y en ella los firmantes –entre los que destacan la ex-ministra de Salud, Helia Molina, y los senadores José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Francisco Huenchumilla, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros- aseguran que “la justicia ha sido demasiado lenta con Marco”.
“Lo acusan desde hace años de delitos que los fiscales no han podido probar y de los que no ha podido defenderse en un juicio justo y frente a jueces imparciales. Como todos los candidatos presidenciales de nuestra historia democrática, Marco no tiene responsabilidad administrativa”, agregan los mismos.
Y mencionan que “la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la Constitución Política de la República le asegura, sin una aprobación judicial previa”.
En la misma línea, afirman que Enríquez-Ominami ha sido víctima de “lawfare” y enfatizan que la carta “es una forma de expresar, a través de la figura de Marco, nuestro respaldo a todos y todas aquellos a quienes los Estados han perseguido por el sólo hecho de pensar distinto y de atreverse a mover los límites”.