La Sala del Senado retomó el debate en particular del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
La moción, patrocinada por los senadores José Miguel Insulza, Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier y Juan Ignacio Latorre, tiene por objeto fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la referida ley.
Cabe recordar que el día 1 de julio la Sala inició el debate en particular, oportunidad en la que se expusieron los fundamentos de la iniciativa y se anticiparon solicitudes de votación separada de diversas normas. Revise nota relacionada.
Durante la presente sesión, el debate estuvo marcado por las diferentes visiones en torno al proyecto; sobre cómo fortalecer la no discriminación en los diferentes estamentos del Estado; la ausencia de una institucionalidad especializada para el cumplimento de la norma; entre otros aspectos.
Con todo, se dieron por aprobadas las enmiendas que no fueron objeto de observaciones, ni modificaciones por la Comisión de Derechos Humanos.
Luego, se dio paso a una serie de votaciones separadas, entre otras, la referida a la elaboración e implementación de los órganos del Estado y la administración del Estado, de políticas para garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Enmienda que finalmente fue rechazada por no alcanzar el quorum requerido (25), y solo contó con 23 votos a favor y 12 votos en contra.
En el debate, el senador José Miguel Insulza precisó que el inciso mejora la ley Zamudio, pero hizo presente la falta de un órgano o una institucionalidad que promueva la ley. En esta misma línea, el senador Francisco Huenchumilla advirtió -pese a su respaldo- que la norma es programática y le falta imperatividad.
El senador Juan Ignacio Latorre reconoció que “que esta ley tiene un déficit, que es la no voluntad política de crear una institucionalidad que se haga cargo de aterrizar esta generalidad”. A juicio de la senadora Adriana Muñoz, “la negativa del inciso es negarse a una institucionalidad antidiscriminación”.
Posturas similares manifestaron los senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro, quienes enfatizaron la importancia de colaborar con “una lógica preventiva, para asegurar que los actos que pudiesen ser discriminatorios no ocurran”.
En otra vereda, el senador Iván Moreira, anunció su rechazo y argumentó que la propuesta “es redundante”, pues el ejercicio de derechos y libertades está consagrado en la Constitución. Postura similar hizo notar el senador Juan Antonio Coloma quien señaló que “se pone adicionalmente como subgrupo al Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, no sé si se le está poniendo una obligación especial, ¿o los que no están nombrados tiene una obligación menor (…)?”.
Luego, la senadora Luz Ebensperger, reforzó la importancia “de hacer las cosas bien y que la norma no dé lugar a dudas a interpretación, eso es lo que debe hacer el legislador”.
Además, se aprobó por mayoría (19 a favor, 10 en contra) la definición de discriminación arbitraria, para lo que argumentaron los senadores José Miguel Insulza, José García Ruminot y Adriana Muñoz, ésta última senadora valoró el trabajo realizado con los colectivos de la diversidad que permitió consagrar como discriminación arbitraria los tratamientos de conversión.
Entre los temas pendientes están la legislación aplicable; legitimación activa; sobre acción u omisión; algunos aspectos referidos a multas; y lo referido a las modificaciones en el Código del Trabajo.
Agencia Uno