Un proyecto de resolución destinado a solicitar al Ejecutivo más recursos para la Superintendencia de Medio Ambiente ingresó hoy el diputado DC Iván Flores. El texto, redactado por el parlamentario, destaca el informe elaborado por la Contraloría General de la República que detectó que “en 2.508 denuncias de 5.671, lo equivalente al 44,3%, no se realizaron actividades de fiscalización ambiental, no se dio inicio a procedimientos sancionatorios, ni se ordenó el archivo de los antecedentes por falta de mérito. “
Según lo expresado por Flores, “las denuncias siguen aumentando y la verdad es que la Superintendencia no cuenta con los fiscalizadores necesarios para poder hacer el trabajo que debe. De hecho, hay regiones –como en Valparaíso y O’Higgins- donde existe un número indeterminado de denuncias entre el 2013 y el 2016, que no fueron respondidas ni atendidas; y solo en el año 2021 se han recibido más de 3.000 denuncias. Esto no puede seguir así. No sacamos nada con tener superintendencias si no tienen dientes ni garras para hacer su pega”.
El proyecto de resolución indica que “el escenario que enfrenta el organismo es complejo pues, deben fiscalizar a más de 17.000 empresas en todo Chile, y sólo cuentan con 88 fiscalizadores a nivel país. En promedio, tienen 3 fiscalizadores por región, quiénes no sólo tienen que revisar y estudiar las denuncias realizadas, sino que actuar también de oficio cuando corresponda. La sobrecarga de trabajo es evidente, e impide que el Estado responda adecuadamente a las denuncias de la ciudadanía frente a casos de daños al medioambiente. “
Según lo informado por el diputado DC, “para el año 2021 el presupuesto de la entidad se redujo en un 7%, generando la imposibilidad de contratar más personas para el rol de fiscalizadores. Es absolutamente necesario que esta situación cambie y se otorgue a la SMA el presupuesto que necesiten para poder organizar su trabajo, contratar fiscalizadores, y resolver las miles de denuncias nuevas, pero también las pendientes, y de esa forma cumplir con el mandato legal de protección al medioambiente de forma oportuna y eficaz. “