Los diputados del Partido Socialista, Marcos Ilabaca y Leonardo Soto, aseguraron que la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por el caso Pandora Papers será aprobada en la Cámara Baja debido a “la gravedad” de los antecedentes dados a conocer.
El diputado Ilabaca afirmó que “a partir del escándalo internacional que ha provocado el Presidente Sebastián Piñera, a través de los Pandora Papers, es de tal magnitud, que podemos tener un apoyo transversal en la acusación constitucional, en la Sala de la Cámara“.
Sin embargo, el legislador PS consideró que “más importante” será “lo que ocurra en el Senado. Es importante poder convencer a los senadores, respecto de la tremenda responsabilidad del Presidente de la República en hechos que son gravísimos, que en sus diferentes aristas existen muchos flancos. Por ejemplo, ¿por qué un Mandatario firma un contrato en paraísos fiscales?, ¿es para evadir impuesto o para ocultar algo obscuro?”.
A juicio del diputado Ilabaca, la cantidad de interrogantes que existen en el ámbito legal, tributario y la defensa del medio ambiente, es de tal magnitud “que yo espero que en el Senado existan los votos suficientes para aprobar la AC“.
“Estoy convencido que en la Cámara sí vamos a tener los votos suficientes para avanzar en la AC, porque al Presidente de la República se le exigió una respuesta y hasta el momento, no ha dicho nada. Se ha limitado a decir que ya fue investigado y salió inocente. Señor Presidente, la altura ética-moral que la primera autoridad de la República debe tener, es muy superior a la que usted le está entregando a Chile”, planteó el diputado Ilabaca.
Por su parte, el diputado Soto afirmó que “esto de ponerle precio, negociar y vender sus atribuciones presidenciales en un contrato firmado que todo Chile conoce y que ha sido revelado hace una semana, es el hecho más grave de corrupción presidencial que hayamos conocido”, dijo, asegurando que la acusación constitucional “tiene mayor fundamento en la historia reciente de nuestro país, porque se basa en un hecho que es objetivo, reconocido y que nadie ha discutido”.
“En el año 20120 representantes del Presidente Piñera firmaron un contrato por el proyecto millonario de Dominga en un paraíso fiscal, donde él como parte de ese contrato, se comprometió, negoció, puso precio y vendió parte de sus atribuciones presidenciales al comprometerse a cambio de 9 millones de dólares con su contraparte, a no proteger un santuario de la naturaleza ubicado en la zona donde se podía haber emplazado el proyecto Dominga”, precisó el legislador, asegurando que “el hecho base, de corrupción, político y más rotundo que se conozca, está completamente configurado”.