La comisión de Sistema Político recibió en esta jornada al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, quien entregó la visión del gobierno respecto a los cambios que debe contener la nueva Constitución respecto del funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo.
En su exposición el secretario de Estado defendió el actual régimen presidencial asegurando que el parlamentarismo no da estabilidad. “Proponemos seguir nuestra tradición de un régimen presidencial, pero con cambios sustantivos que nos permitan volver a creer en la institución presidencial y, al mismo tiempo, mejorar muchas de las cosas que los chilenos anhelan que cambien”, dijo el ministro.
Ossa agregó que es necesario que el Congreso tenga mayores grados de poder y que, por ejemplo, algunas iniciativas sean de exclusiva atribución del Legislativo y no del Ejecutivo, aún cuando piensa que las que implican gasto fiscal deben seguir en manos del Presidente.
Otro de los puntos que propuso el ministro respecto de las modificaciones al sistema de gobierno es que la asesoría parlamentaria se profesionalice y sea mejor pagada, pero por bancadas y no por parlamentario; que en el manejo de las urgencias el Ejecutivo tenga una coordinación con el Congreso; fijar un umbral de 3% de votos para ser electo y que se atenúe la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
El ministro Ossa defendió, además, la existencia de dos Cámaras aunque agregó que existen aspectos en los que es necesario cambiar en el actual camino que siguen los proyectos de ley a fin de hacer más expedita la tramitación.
Gobernadores Regionales
La comisión dedicó espacio también a escuchar la opinión de las nuevas autoridades electas este año, los gobernadores regionales.
El gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que solo el 16% del gasto se decide a nivel regional, resumiendo que los grandes problemas son el “centralismo y la desigualdad”.
“La existencia de los delegados presidenciales tiende a opacar este principio democrático de tener una autoridad máxima elegida por la ciudadanía”, dijo Orrego, afirmando que este cargo debería eliminarse, pues en la práctica los gobernadores no tienen facultades para definir sobre los recursos ni sobre materias de orden público.
Entre sus propuestas para fortalecer a los gobiernos regionales, Orrego planteó que “hay que crear una transferencia gradual que incluya servicios públicos y la posibilidad de que a nivel regional se decidan las inversiones ministeriales en los territorios”. A ello, sumó atribuciones sobre el cuidado del medio ambiente y las emergencias climáticas.
A su vez, Andrea Macías, gobernadora regional de Aysén, pidió avanzar a una mayor proporcionalidad en la representación de los territorios aludiendo a la lejanía de la Patagonia. “La primera respuesta del Estado nace del territorio, nace de los gobiernos municipales, necesitamos fortalecer a los municipios”, dijo Macías.
También expuso Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades Amuch, quien reclamó por la burocracia que afecta a las comunas y la desigualdad que existe en el acceso a las oportunidades.
Sistema Electoral
Entre las audiencias de este jueves también estuvo presente el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, quien se refirió a la opción de reponer en la Constitución el voto obligatorio. Al respecto, afirmó que esto tiene que ir de la mano con establecer sanciones que sean aplicables, como multas, por ejemplo.
“Volver a un voto obligatorio sin sanciones, no producirá efectos. Las sanciones no son un tema fácil de resolver ya que podrían ser millones de causas en tribunales”, explicó.
Respecto al voto de las personas privadas de libertad, la solución pasa a su juicio por “hacer un cambio legal de verdad”, que permita zanjar la asignación de locales de votación, entendiendo que el domicilio electoral no puede ser el recinto penitenciario donde se cumple pena.
Tagle también se mostró de acuerdo con avanzar en el voto anticipado con los siguientes requisitos: Inscripción previa, que se realice la semana completa antes de la elección y que se inicie con algunas zonas del país para implementarlo de manera paulatina.
Agencia Uno.