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Agencia Uno
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La Cámara de Diputados aprobó en general el financiamiento al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU). De esta manera, la iniciativa fue despachada al Senado.

La instancia decidió votar de manera separada el proyecto en general y su financiamiento. De esta manera, la Cámara Baja respaldó por 130 votos a favor la manera de financiar la propuesta, con la aplicación de un impuesto a los grandes patrimonios del país.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que “agradecemos la votación, pero sí quisiéramos dejar en claro que necesitamos hacer una reserva de constitucionalidad respecto al artículo segundo del proyecto de Ley en discusión”.

En la práctica, este artículo lo que hace es que crea un impuesto, un tributo, que se trata de un impuesto patrimonial a las personas naturales, con domicilio o residencia en Chile, cuyos patrimonios superen los 5 millones de dólares, al 31 de diciembre de cada año”, agregó.

“Esto es obviamente iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque -entre otras cosas- esta iniciativa exclusiva permite al Presidente imponer, suprimir, reducir o condenar tributo de cualquier clase o especie. Desde ese punto de vista, solicitamos a la Secretaría que quede debidamente registrada esta reserva”, sostuvo.

Posteriormente, señaló que “hoy día, aunque hemos tenido durante varios días mucho debate acerca del financiamiento, nuevamente ha avanzado el proyecto por unanimidad. Eso quiere decir que tenemos un buen proyecto, que está avanzando, y yo creo que también muestra que tenemos todos, tanto Gobierno como oposición, el interés de pagar lo antes posible”.

“Obviamente hay discusiones políticas, como siempre, pero yo creo que los hechos hablan por sí solos. La PGU está avanzando y esperamos que esto siga avanzando en el Senado. (…) Yo espero que todos como clase política lo que hagamos es dar soluciones a los chilenos y yo creo que ese es el ánimo”, dijo.

¿Hicimos reserva de constitucionalidad respecto a un tema? Sí, lo hicimos, y lo hicimos por varias razones. Una de ellas es que efectivamente es de una materia exclusiva del Presidente de la República y nosotros tenemos que preocuparnos de cuidar la institucionalidad”, puntualizó.

“Segundo, también nos preocupa porque nosotros creemos que, eventualmente, no recauda lo que se piensa que está recaudando. Pero lo que sí reconocemos es que todavía queda debate parlamentario y eso significa que vamos a seguir conversando para poder despachar lo antes posible (la iniciativa)”, declaró.

Según el ministro, “lo importante es que esta política se pueda despachar durante este mes de enero. En la medida que se despache durante el mes de enero, vamos a empezar los pagos durante el mes de febrero y, para eso, el Ministerio del Trabajo, liderado por el ministro Melero, ya está trabajando en todos los procedimientos para poder pagar”.

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, indicó que “tenemos confianza en que no solo el Senado va a considerar que se trata de un asunto inconstitucional, sino que los senadores van a tener la visión relativa a esta reflexión que yo hago. Cuando sean Gobierno, no les va a hacer fácil haber tenido este comportamiento previo”.

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