Son varias las organizaciones y dirigencias que le han solicitado al Ministerio de Hacienda echar pie atrás a la medida que incluye a los servicios sanitarios rurales en el cobro del IVA.
Según han alertado desde este sector, una medida de este tipo va a impactar directamente a los usuarios de las APR, ya que las tarifas se deberán incrementar en un 19% a partir del 1 de enero del 2023.
A raíz de esto, la diputada independiente, Camila Musante, emplazó al Ejecutivo a considerar alguna medida inmediata para eximir a las APR del pago de este impuesto.
“Estamos a sólo días de que entre en vigencia esta nueva Ley de IVA a los servicios y nos preocupa lo que vaya a pasar en las comunidades rurales. Recordemos que muchas veces las cooperativas y comités de agua potable rural funcionan con recursos muy limitados”, enfatizó.
“Sin lugar a dudas que esto es un retroceso para las APR y exigimos que se establezca explícitamente en la legislación que los servicios sanitarios rurales quedan exentos de pagar IVA, porque es inaceptable que no se reconozca la función primordial que tienen para los territorios”, expresó la también integrante de la Comisión de desertificación y recursos hídricos de la cámara.
Asimismo, Camila Musante señaló que “es la única forma a través de la cual los habitantes de estas localidades pueden acceder a agua potable, por lo que merecen la protección del Estado“.
Hasta el momento desde el Gobierno no han dado ninguna respuesta formal a esta petición, la que se suma a la demanda por más políticas de fomento, inversión y seguridad jurídica para las APR del país.