El Gobierno sufrió una derrota en la Cámara de Diputados por la aprobación del proyecto de usurpaciones con el artículo sobre la legítima defensa privilegiada, algo que para la ministra del Interior, Carolina Tohá, puede convertirse en una “ley de la selva”. Ahora, la iniciativa pasa a tercer trámite al Senado.
“No es primera vez que el Gobierno, en particular la ministra del Interior, ocupa estos conceptos donde caricaturiza los proyectos de ley de seguridad”, señaló el diputado Andrés Longton (RN) en entrevista con “La Mañana de Agricultura”.
“Nosotros creíamos que el proyecto tenía una columna vertebral que era tremendamente importante: primero establecer la flagrancia permanente, es decir, que las policías podrán ingresar en todo momento a detener. Porque lo que se establecía hoy era una flagrancia de 12 horas, conjuntamente con una pena de multa. Entonces, no podías entrar al terreno después de 12 horas y no podía llevar detenido”, explicó.
“El Gobierno estaba por mantener las penas de multa en la usurpación no violenta, y en la violenta una pena muy baja. Y ni hablar del PC con el Frente Amplio, que estaban por mantener todo igual, con penas de multa”, agregó.
Asimismo, indicó el parlamentario, la legítima defensa privilegiada, no es muy distinto a la ley Nain Retamal o con respecto al robo con violencia e intimidación, en que tú puedas defenderte frente una agresión ilegítima”.
“Legítima defensa privilegiada”
La principal discordia entre el Gobierno y el Parlamento es la arista de la legítima defensa privilegiada, con el miedo que civiles puedan organizarse para recuperar un terreno. Una visión con la que Longton no está de acuerdo.
“Hoy día la presunción de la legítima defensa existe incluso para el robo con violencia e intimidación. La violencia tanto desde el punto de vista doctrinario como judicial no se puede interpretar o no se interpreta con una laxitud larga en el tiempo, es decir, que puede venir después de cinco años y decir ‘mira, voy a recuperar mi terreno con la legítima defensa privilegiada’. Tiene que haber obviamente una agresión ilegítima y esta tiene que ser actual e inminente. Ningún juez te va a permitir que después de cinco años recurrir a la legítima defensa privilegiada”, señaló.
“No es llegar y decir ‘voy a recuperar mi terreno a palos’. Esa no es la legítima defensa“, indicó el legislador.
En esa línea, expuso que “claramente tiene que ser una agresión actual, inminente. Para graficarlo mejor: no es yo para defender mi terreno alguien me agreda y después yo vuelva después de cinco años y decir que hace cinco años esa persona me agredió y ahora ocupo la legítima defensa. No es así, no se interpreta y no se ha interpretado nunca así la legítima defensa. Y este tampoco es el caso”.
¿Qué puede hacer el Gobierno?
Para evitar la luz de este proyecto, el Gobierno puede recurrir al veto o al Tribunal Constitucional. Según cree el diputado, es lo primero lo que puede ocurrir.
“Yo creo que va a vetar el proyecto y yo creo que sería una muy mala señal, porque estaría contraviniendo mayorías claras en el Congreso”, dijo.
“Espero que eso no ocurra y en el tercer trámite en el Senado se pueda convencer al Gobierno y hacer los ajustes necesario para que eso no ocurra y no darle en el gusto a los sectores más radicalizados de la izquierda, que en definitiva ven con muy malos ojos que proyectos como estos vean la luz”, manifestó.
Añadió que “espero es que si hay diferencias clara en algunos elementos que es necesario precisar para el Gobierno, vayamos a una comisión mixta, pero que el proyecto no se vete, creo que sería una muy mala señal para el país”.