Durante la jornada de este jueves, se dio a conocer que la Fiscalía Centro Norte recurrió a la Corte Suprema para conseguir informes del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia de Covid-19 que afecta al país, luego de que el ministro de esta cartera se negara a entregar estos documentos.
Cabe señalar que esto se genera en el contexto de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de negación de auxilio y cuasidelito de homicidio, en contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud, Jaime Mañalich; la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; y el de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Ante esto, el ministro de Salud, Enrique Paris, se negó a otorgar dichos documentos, cuando la Fiscalía allanó parte de las dependencias de la entidad, argumentando que estos informes corresponden a “material peligroso para la seguridad nacional”.
Debido a este hecho, el fiscal Xavier Armendáriz pidió a la Corte Suprema que “declare que tal resistencia ante la orden judicial librada, carece de fundamento, y por lo tanto, se debe ejecutar íntegramente al tenor preciso de su contenido”.
Además, en la solicitud el fiscal indica que “la información requerida es de alto interés público, no en su contenido, sino en que se trata de una investigación penal por delitos de gran connotación y trascendencia pública (es evidente que la materia incumbe en forma directa a todos y cada uno de los habitantes del país) cuya incautación es indispensable para esclarecer los hechos, sea para fundar la responsabilidad de los imputados o sea para eximirla”.
“Por lo demás, los antecedentes hasta ahora recopilados dan cuenta de actividades que, a lo menos, aparecen dudosas en su fundamento y oportunidad, lo que amerita que la investigación deba seguir su curso hasta esclarecer por completo los hechos investigados”, añade el profesional.
“La revisión de los correos electrónicos de los imputados tiene por objeto confirmar o descartar los hechos objetos de investigación con relación a las cifras de contagiados y fallecidos entregadas públicamente durante la pandemia, y las eventuales coincidencias, semejanzas o diferencias con aquellas que se hayan manejada a través de conversaciones internas”, complementa.
“Debe tenerse en especial consideración que, de los antecedentes y declaraciones transcritos en el apartado I de esta presentación se advierte que (algo por lo demás de común ocurrencia hoy) que el correo electrónico es el modo de comunicación normal acerca del manejo institucional de todo asunto y, en el presente caso, de actividades y decisiones de un entidad, literal, de vida o muerte, para toda la población. Por tanto, el acceso a las comunicaciones que se debate, es absolutamente gravitante para el éxito de la investigación”, añadió el fiscal.
Además, asegura que la entrega de estos documentos “no afectará la Seguridad Nacional” y menos a “la intimidad de pacientes u otra excusa semejante”.