La Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP) mantendrá la huelga de 72 horas convocada para la medianoche de este miércoles, a pesar de que la justicia emitiese un fallo calificándola de “aparentemente abusiva” y penalizándola con elevadas multas.
“La huelga está en pie. Los sindicatos aún no fueron notificados y no tienen conocimiento del contenido de esa decisión judicial”, precisó este martes Cibele Vieira, directora nacional de la FUP, a tan sólo dos horas del inicio de la paralización.
Antes, Petrobras y los abogados del Ejecutivo pidieron a la justicia una decisión provisional para impedir la huelga. El Tribunal Superior del Trabajo falló a favor.
“Es potencialmente grave el daño que la eventual huelga de la categoría de los petroleros causará a la población brasileña”, reza el fallo, que impone multas a los sindicatos en caso de paralización de 500 mil reales diarios (USD 135.000).
La acción, que podría tomar el relevo de la agitación social en Brasil en momentos en que refluye una huelga de camioneros, busca la disminución de los precios del gas de cocina y de los combustibles, el fin de la venta de activos de Petrobras y la renuncia del presidente de la estatal Petrobras, Pedro Parente.
La FUP niega que la paralización genere riesgo de desabastecimiento.
“Los tanques de las refinerías están repletos de petróleo debido a las protestas de los camioneros. Los responsables del caos que dominó al país tienen nombre y apellido: El presidente Michel Temer y Pedro Parente”.
Los petroleros sostienen que se trata de una paralización “de advertencia”, alineada en una agenda de acciones que derivará en una huelga por tiempo indeterminado.
Diversas centrales sindicales como CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nueva Central y CSB manifestaron este martes su apoyo.
El jefe de gabinete de Temer, Eliseu Padilha, descartó la partida de Parente, a quien calificó como “un gestor eficaz y eficiente”.
Parente asumió la presidencia de Petrobras en 2016, luego de que el grupo se viera en el centro del extenso esquema de corrupción desvendado en la Operación Lava Jato, que en los últimos años llevó a importantes figuras de la escena política y empresarial tras las rejas.
Centró su gestión en el restablecimiento de las finanzas y de la credibilidad de la empresa. Recurrió para ello a una “transparencia” de precios, ajustando las tarifas diariamente en función de las cotizaciones del mercado internacional.
Fue precisamente esa política la que llevó a los camioneros a bloquear carreteras y paralizar el país, ante la disparada de los precios del diésel, protestada por los camioneros.
La estatal cerró 2017 con pérdidas netas de 446 millones de reales (139,7 millones de dólares al cambio promedio de ese año), en su cuarto ejercicio anual negativo consecutivo. Pero el rojo se explicó principalmente por el pago de una multa de 2.950 millones de dólares en Estados Unidos (11.198 millones de reales) para cerrar litigios con acreedores perjudicados por el escándalo de corrupción.