La magistrada acusó a Jozo Santic Palomino, Fernando Grossi García, Clovis Montero Barra y María Luisa Gatica Barrio, por su responsabilidad en los delitos y que corresponde a la presentación de 43 facturas falsas entre los años 2011 y 2012 que causaron un perjuicio fiscal de $ 41.342.230.
La investigación de la ministra Rutherford Parentti estableció que los involucrados gestionaron y obtuvieron indebidamente el pago de facturas falsas de la empresa proveedora Tecnodata S.A. con fondos fiscales.
Las facturas, dice el fallo, fueron llenadas con glosas descriptivas que según las órdenes de compra corresponderían a supuestas ventas de insumos computacionales, adaptándose a los montos o cantidades acordados entre el proveedor y el subtesorero.
Este, a su vez, le encargaba a otros funcionarios la confección de la documentación de respaldo y obtener el pronto pago de las facturas con dineros que estaban dentro del presupuesto anual o con aquellos que eran por él solicitados a la Dirección de Finanzas del Ejército.
“En esas condiciones, las facturas falsas y su pretendida documentación de respaldo también espuria, fueron ingresadas al Departamento de Finanzas, cursándose la tramitación de las mismas, para el posterior pago efectivo del valor de aquellas a Tecnodata S.A.”.
Finalmente, la resolución sostiene que todo este entramado “fue realizado con conocimiento y autorización del director de Finanzas del Ejército de la época, quien además, procedía a autorizar y disponer la entrega de remesas extraordinarias”