Este miércoles la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregó una “Propuesta de Trabajo por la Paz Social y el Progreso en La Araucanía y la Provincia de Arauco” a distintos representantes de instituciones clave de la sociedad civil de la región.
Las más de 40 propuestas que incluyen materias legales, administrativas, culturales, de desarrollo productivo y educación, fueron presentadas en el centro de la ciudad de Temuco a actores como el obispo Héctor Vargas, el presidente del Consejo Regional de Pastores, Matías Sanhueza; la machi Adriana Loncomilla; los lonkos Aniceto Norín, José Cariqueo y Rufino Marivil; las representantes de la asociación de víctimas APRA, Cecilia Jara y Yasna Navarrete; el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, entre otros.
“Preocupados de la cada día más crítica situación que vive la macrozona sur, la CPC y sus seis ramas, participamos los últimos meses en un fructífero diálogo con actores sociales y políticos de la Región de La Araucanía, para lo que se conformó un comité de trabajo en el que participó activamente la Cámara de la Construcción de Temuco”, explicó el presidente de la CPC, Juan Sutil.
Destacó, además, que “la entrega se hace en la región y para la región, porque es necesario que las soluciones se desarrollen desde los territorios y sus habitantes”.
Propuesta de Trabajo por la Paz Social y el Progreso en La Araucanía y la Provincia de Arauco, que se enfoca en 4 ámbitos que se debieran impulsar en forma conjunta, con diálogo social que lidere e involucre activamente a los habitantes de la macrozona sur. pic.twitter.com/E81iYFylWe
— CPC (@CPCchile) March 3, 2021
Los empresarios señalaron que, para concretar las soluciones que se requieren para avanzar en el progreso integral de la región, erradicar la violencia hoy constituye un imperativo ético. “Para ello, se requiere la concurrencia de toda la sociedad y, en especial, la firme voluntad política de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Estado de Chile es el responsable de restablecer el imperio de la ley en los territorios y de garantizar paz social y seguridad, condiciones mínimas habilitantes para la vida en sociedad y para los relevantes procesos que tendrán lugar en nuestro país en los próximos meses y años, especialmente, la discusión constitucional y la recuperación económica y social”.
A ello agregaron que “el proceso constituyente hoy en curso entrega una oportunidad para avanzar en la discusión sobre el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado responsable del desafío de los pueblos indígenas, su reconocimiento constitucional y las mejoras en su representación para participar en la esfera de lo público”.
Entre las propuestas del mundo empresarial, destacan también la necesidad de flexibilizar las limitaciones a la propiedad de las tierras indígenas, sin afectar el principio de inalienabilidad a no indígenas; reemplazar el actual sistema de “compra de predios en conflicto” por un nuevo mecanismo que asegure la sustentabilidad y paz social; agilizar la agenda legislativa de seguridad, orden público y reparación; propiciar la elaboración de planes regionales de ordenamiento territorial; avanzar hacia una política de zonas de rezago; desarrollar un plan de educación para profundizar la integración de la historia y cultura mapuche en los establecimientos educacionales; y promover el emprendimiento, desarrollo y exportaciones de productos locales mapuches y no mapuches.
“Creemos que todas estas propuestas requieren un amplio diálogo social que lideren e involucren activamente a los habitantes de la macrozona sur y en particular de la Región de La Araucanía y Provincia de Arauco. Desde la CPC, adherimos a la necesidad de un pacto político, cultural, social y económico, que nos permita enfrentar la situación de manera urgente y con soluciones efectivas, donde cada uno asuma el rol que le corresponde. Los empresarios quedamos a disposición de la región para seguir colaborando”, enfatizó el presidente de la CPC.