Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) reveló serias irregularidades en los contratos de diversos cementerios y diversas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.
El informe de la Odecu tiene como objetivo avanzar en identificar las irregularidades contractuales para que la autoridad correspondiente tome las medidas correspondientes.
A juicio de la Organización, “existe un grado de complimiento formal” en los contratos, sin embargo, “no cumple a cabalidad con las exigencias legales”.
“Este cumplimiento formal está limitado a espacios no destacados de algunas páginas web, lo que puede explicarse por la señalización de la preocupación de la autoridad en materia de libre competencia (FNE) en el mercado de cementerios y funerarias, sumado a las acciones públicas de fiscalización de la autoridad de protección al consumidor (SERNAC)”, señalan en el estudio.
Respecto a las ventas y compras, ya sea presencial u on-line, “falta información fácilmente accesible para el ejercicio efectivo del derecho a la libre elección y el ejercicio de un consentimiento informado, cuestión particularmente relevante dadas las limitaciones de tiempo existentes para la contratación en caso de deceso de una persona, y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los consumidores en esas circunstancias”.
Asimismo, acusan que la información que existe en los espacios no destacados en algunos sitios web, “no es fácilmente accesible”, además “se expresa en lenguaje técnico de difícil comprensión para un consumidor promedio“.
Por otro lado, apuntan a que “existen cláusulas que podemos estimar abusivas“, en el sentido, que estas podrían “generar cobros adicionales, teniendo en consideración que el no pago tiene consecuencias asociadas a los restos mortuorios, y respecto de la naturaleza y extensión del objeto del contrato”.
Cláusulas contractuales y Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores
Entre los principales hallazgos que entregó este estudio de la Odecu es que existen “incumplimientos respecto de la falta de información básica comercial e infracción al deber de proporcionar información veraz y oportuna“.
Para la asociación, esto último “es crítico si se considera que los proveedores proporcionan información mínima de la contratación”.
“De esta forma, los proveedores no entregan información sobre formas de pago, estipulación de comisiones, obligaciones de pago de cuotas de mantención, valor de estas cuotas, existencia de seguros o efectos de los incumplimientos del pago de la cuota de mantención, lo que implica la exhumación de restos y traslados a nichos comunes”, apuntan.
Por otro lado, encontraron la “existencia de información falsa y engañosa“. Según explica Stefan Larenas, presidente de Odecu, “las casas se inscriben en el conservador de bienes raíces, las tumbas no. Lo que hacen es inscribirlo en un registro (registro de propiedad y transferencias) que obliga el reglamento cementerios, luego cuando compra una tumba no es como comprar una casa o un departamento”.
Junto con esto, manifestó que “resulta insólito que el tratamiento de la sepultura se parezca a la compra de un bien raíz, en la medida que al no pagar la cuota sea literalmente expulsado de su sepultura”.
Finalmente, Larenas señala que “este estudio fue enviado a la FNE en el marco de la consulta pública. Así, Odecu espera que este informe y el de la FNE, el Poder Legislativo tome cartas y se comprometa a realizar los cambios imprescindibles en este mercado que lucra y manipula en los momentos críticos que viven las personas”.