El Consejo de Defensa del Estado (CDE) respondió a las críticas de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, quienes apuntaron de un accionar “cuestionable” y “reactivo” en la investigación. Además, indicaron que “no resulta comprensible” la lentitud de la institución en el ejercicio de acciones judiciales de carácter penal.
Ante esto, mediante una declaración pública, el CDE sostuvo que “estas imputaciones son infundadas y revelan una incomprensión tanto del ron del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, como las necesidades de una investigación criminal eficaz que permita sancionar a los responsables de conductas ilícitas”.
Asimismo, explicaron que interponen querellas criminales “contra personas determinadas cuando las diligencias desarrolladas en los respectivos procesos judiciales dan cuenta de hechos constitutivos de delitos, o bien en casos excepcionales, en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables”.
Más adelante, aseveran que el CDE “debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con la seriedad que nos caracteriza, las sanciones penales procedentes”.
“En consecuencia, que en el marco de una evaluación política, se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso, como el Consejo de Defensa del Estado, a interponer acciones penales por razones diversas a las derivadas exclusivamente del marco legal y constitucional de la persecución criminal es un hecho preocupante del que damos cuenta mediante esta declaración“, cierra el escrito.