Este 29 de febrero la salmonicultura vivirá una jornada clave para el futuro de la industria en Aysén. Y es que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero decidirá si aprueba o rechaza una solicitud de espacios costeros realizados por dos comunidades de pueblos originarios por más de 621 mil hectáreas en la zona en el marco de la Ley Lafkenche.
Las solicitudes de las Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO) que se evaluarán son “Cisnes” e “Islas Huichas”, situación que mantiene en alerta a la Rama de Salmonicultura y Acuicultura de la Multigremial Nacional de Emprendedores por el riesgo que involucraría para la industria.
El director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, detalla que estas ECMPO “comprenderían el área donde hoy se ubican más de 300 concesiones (acuícolas), que representan el 45% de las existentes en Aysén y, aproximadamente, el 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones”.
Bajo ese contexto, añade que estas solicitudes generan “incertidumbre respecto a la operatividad y tramitaciones actuales y futuras de la principal actividad económica de la región de Aysén”.
También se verían afectadas las actividades portuarias, pesca industrial y artesanal u obras públicas, lo que provocaría “paralizaciones de proyectos y tramitaciones hasta por 12 años”, expresaron desde la rama.
En la asociación comentan que la industria del salmón es uno de los principales rubros de la economía en el país, generando 70 mil empleos en la macrozona sur.
Además, en los centros de cultivo en el mar y plantes donde se produce el producto, participan más de 5.000 mipymes desde Ñuble a Magallanes, tales como agricultores que cultivan alimento para salmones (trigo, raps, lupino), transportistas de carga, la cadena logística marítima portuaria y el cabotaje.
Al respecto, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, manifiesta que “Chile tiene que producir y desarrollarse con respeto al medioambiente, no llevando la producción a cero y dejando sin trabajo a más de 5.000 personas en Aysén y una gran parte de la actividad de desarrollo en torno a los centros de cultivo”.
En ese contexto, apuntó que “si se entregan estos territorios, más de 120 pymes proveedoras de esta industria podrían ver paralizadas sus actividades. Hoy a las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras en Aysén reciben $69.000 millones, que es equivalente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)”.
Swett finalizó haciendo un llamado al Gobierno para que intervenga, de ser necesario, frente a una decisión que pone en jaque a la acuicultura y a la productividad de Aysén.
“No es posible que se le quiera entregar 15 millones de metros cuadrados de mar a sólo 38 chilenos de comunidades indígenas”, cerró.