Más de una hora duró la reunión que sostuvo en La Moneda el Presidente de la República, Sebastián Piñera, con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el mandamás subrogante, Sergio Muñoz, en lo que se consideró una señal del Gobierno al Poder Judicial.
Según precisó el juez Brito, la visita fue solicitada por el Pleno de la Suprema con el fin de comunicar la incomodidad que se sienten los ministros por la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados contra tres jueces de la Sala Penal por conceder la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
Brito aclaró que “hemos venido a hacer presente al jefe del Estado la preocupación de la Corte Suprema (…) por una actuación de naturaleza jurisdiccional que nosotros entendemos al margen de este mecanismo de control parlamentario. Esta situación inequívocamente, indudablemente, genera un comportamiento preocupante: hay roce de funciones y por eso lo hemos querido destacar y señalar al Presidente nuestra preocupación”, señaló la máxima autoridad del Poder Judicial.
En esa línea, Brito señaló que el Mandatario escuchó los argumentos con “muchísima atención”, pidiendo además mayores detalles: “Nos preocupa la garantía de la autonomía en relación de los ciudadanos, de las personas, eso lo conversamos detenidamente”.
Así también, el ministro fue tajante al descartar algún tipo de amenaza contra los miembros del Congreso en la cita sostenida esta mañana, como señalaron algunos críticos.
“Nosotros entendemos el Estado como un conjunto de organizaciones, de entidades, que se relacionan y que están constantemente vinculadas entre sí. Los jueces no tenemos desde luego la intención de amedrentar, ni tenemos la capacidad de amedrentar. El sistema de justicia es de orden jurídico en donde no hay espacio para actitudes de este tipo (…) No se trata de una intención indebida; lo indebido sería haberlo hecho de manera clandestina”, expresó.
Por su parte, y consultado sobre las intenciones de la visita, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó que dicha cita implicara alguna protección hacia los supremos, puntualizando que si bien “nosotros (Gobierno) no estamos blindando a nadie”, “tenemos que velar por el Estado de Derecho”.
Así, el secretario de Estado añadió: “Como lo han dicho muchos, incluso mucha gente de la propia oposición, cuando se cuestiona por un Poder (del Estado), en este caso un grupo de diputados, los fundamentos de un fallo, se está un poco yendo más allá de lo que es lo propio del Estado de Derecho, y por eso hemos llamado más bien a la reflexión, a la prudencia, para que el ejercicio de las facultades privativas de un Estado no se excedan en el ámbito de su aplicación, generando conflictos institucionales que el país no necesita”.
En la controvertida reunión, también se abordaron otros temas ligados a la acusación, como un cambio a la ley sobre las libertades condicionales. “Fuimos informados de eso y también desde luego se nos informó acerca de otros proyectos de interés para el sistema de justicia, lo que ciertamente escuchamos con bastante interés”, terminó Brito.